Confluencia 103 Editorial

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Nuestras Afiliadas

450 años de Universidad en México

El dilema contemporáneo del rumbo de la universidad: legitimidad social o autonomía académica

Martín López Avalos *
La autonomía universitaria
Serían los estudiantes los que crearían las condiciones para la configuración de un nuevo entorno institucional, cuando en 1929 protestaron por la intención de las autoridades, encabezadas por el rector Antonio Castro Leal, de reglamentar ciertos aspectos académicos de la Facultad de Derecho, en particular la situación de la aplicación de los "exámenes", intentando homogeneizar los criterios para su aplicación. La huelga estudiantil respondió al planteamiento de las autoridades universitarias, cobrando una gran fuerza al llevar el conflicto fuera del ámbito universitario. La actividad estudiantil fue vista por las autoridades federales como un aspecto de la campaña de José Vasconcelos por la Presidencia de la República, con lo que el movimiento estudiantil adquirió un matiz político. Incidentes callejeros desataron una serie de acontecimientos que llevaron a plantearse al propio presidente de la República, Emilio Portes Gil, sobre el estatus jurídico de la institución.
La situación política de entonces, la campaña por la Presidencia de la República, y con ella, la posibilidad de que el movimiento estudiantil se volcara sobre la candidatura de Vasconcelos, condicionaron las medidas que el gobierno de Portes Gil ofreció a los estudiantes: la autonomía como solución al conflicto.
El ofrecimiento del Presidente fue bien recibido por los estudiantes y amplios sectores de la comunidad universitaria, se veía en la propuesta presidencial una salida al conflicto, sin embargo, las condiciones de la "autodeterminación universitaria" estarían definidas por su acotamiento, pues dejaba en manos del mismo Presidente la designación de autoridades, como el rector y los directores de escuelas, además de conferirle un poder discrecional para intervenir en los asuntos de la institución. La promulgación de la Ley Orgánica por parte del Congreso en 1929, consignaba la autonomía como una definición institucional pero la acotaba a los requerimientos del presidente de la República.

Los sucesos de 1929 serán muy importantes para medir la estabilidad política del régimen posrevolucionario; de ahí en adelante, los sucesos universitarios serán percibidos como un factor importante dentro de la política nacional. La ampliación de las expectativas generadas por el desarrollo económico del país, dieron nueva fuerza a las clases medias urbanas que se educaban en los recintos universitarios. Sin embargo, la autonomía iba más allá del pretendido control político que intentó diseñar Portes Gil; al interior de la institución, el debate se tornaría de carácter ideológico.
Entre ese mismo año de 1929 y 1933, la Universidad Nacional, ahora autónoma, fue un campo de batalla donde se enfrentaron dos concepciones sobre la educación superior. Para unos, la autonomía era incompatible con una institución educativa del Estado, pues debía responder a los lineamientos de éste. Frente a ellos, otros pensaban que no se podía imponer la uniformidad de criterios pues ante todo debería privar la "libertad" para enseñar, así como investigar. El debate no es anecdótico ni de segundo plano, pues llegaba a la esencia misma de la institución, a su razón de ser y a su legitimidad como órgano del Estado mexicano, como ya lo había planteado Sierra en 1910.
Será esta coyuntura donde el conflicto de la autonomía adquiera su verdadera dimensión. 1933 cerrará el ciclo a favor de la autonomía pero a un costo que aún hoy en día estamos debatiendo.
Caso vs. Lombardo
El dilema de la libertad de enseñanza alcanzó su punto álgido en 1933 cuando el gobierno definió su proyecto educativo como un "concepto racional y exacto del universo y de la vida social", al cual llamó socialista. La experiencia revolucionaria al institucionalizarse estableció una serie de valores que invariablemente se reflejarían en la educación, pues en este terreno el Estado tendría la obligación de educar a la población en esos valores emanados del nacionalismo revolucionario.
El proyecto de la educación socialista se plasmó en la reforma al artículo tercero constitucional donde el concepto de educación laica se entendería por su base racionalista, pensado en contraposición a lo religioso, dado el conflicto entre el gobierno y la iglesia que se vivió por esos años. La educación socialista abarcaría todos los niveles de enseñanza en el país, incluida la universitaria. A diferencia del pasado inmediato donde el proyecto educativo universitario era parte del político, ahora la Universidad Nacional empezaba a diferir del gobierno en ese aspecto. La autonomía intelectual para decidir el rumbo de la cátedra se enfrentó al objetivo político, por muy noble que éste fuera. La articulación de la política pública fue el punto de conflicto con la autonomía universitaria, pues la política educativa del gobierno fue vista por la universidad como una imposición a los contenidos de la enseñanza y eso, era simplemente una vulneración al concepto de autonomía que confería la libertad de enseñar.
En el célebre debate entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, la libertad de cátedra centró los límites de la futura relación entre el Estado mexicano y su principal institución educativa. La defensa de la libertad de cátedra fue interpretada por el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez como un camino contrario al definido por la Constitución, razón suficiente para desligarse del destino de una institución que quería ser autónoma.
Ante la organización de manifestaciones contra la educación socialista por parte de algunos sectores de la comunidad universitaria, el presidente Rodríguez prefirió cortar por lo sano y declaró que su gobierno propondría las reformas necesarias para conceder a la Universidad Nacional "su autonomía plena". La Ley Orgánica de 1933 establecería las bases de la autonomía que ahora sería absoluta para que la institución, con sus propias orientaciones y "bajo su exclusiva y absoluta responsabilidad y con sus propios elementos pecuniarios y morales respondiera ante el país", sentenció el Presidente.

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	450 años de Universidad en México El dilema contemporáneo del rumbo de la universidad: legitimidad social o autonomía académica Martín López Avalos * La autonomía universitaria Serían los estudiantes los que crearían las condiciones para la configuración de un nuevo entorno institucional, cuando en 1929 protestaron por la intención de las autoridades, encabezadas por el rector Antonio Castro Leal, de reglamentar ciertos aspectos académicos de la Facultad de Derecho, en particular la situación de la aplicación de los "exámenes", intentando homogeneizar los criterios para su aplicación. La huelga estudiantil respondió al planteamiento de las autoridades universitarias, cobrando una gran fuerza al llevar el conflicto fuera del ámbito universitario. La actividad estudiantil fue vista por las autoridades federales como un aspecto de la campaña de José Vasconcelos por la Presidencia de la República, con lo que el movimiento estudiantil adquirió un matiz político. Incidentes callejeros desataron una serie de acontecimientos que llevaron a plantearse al propio presidente de la República, Emilio Portes Gil, sobre el estatus jurídico de la institución. La situación política de entonces, la campaña por la Presidencia de la República, y con ella, la posibilidad de que el movimiento estudiantil se volcara sobre la candidatura de Vasconcelos, condicionaron las medidas que el gobierno de Portes Gil ofreció a los estudiantes: la autonomía como solución al conflicto. El ofrecimiento del Presidente fue bien recibido por los estudiantes y amplios sectores de la comunidad universitaria, se veía en la propuesta presidencial una salida al conflicto, sin embargo, las condiciones de la "autodeterminación universitaria" estarían definidas por su acotamiento, pues dejaba en manos del mismo Presidente la designación de autoridades, como el rector y los directores de escuelas, además de conferirle un poder discrecional para intervenir en los asuntos de la institución. La promulgación de la Ley Orgánica por parte del Congreso en 1929, consignaba la autonomía como una definición institucional pero la acotaba a los requerimientos del presidente de la República. Los sucesos de 1929 serán muy importantes para medir la estabilidad política del régimen posrevolucionario; de ahí en adelante, los sucesos universitarios serán percibidos como un factor importante dentro de la política nacional. La ampliación de las expectativas generadas por el desarrollo económico del país, dieron nueva fuerza a las clases medias urbanas que se educaban en los recintos universitarios. Sin embargo, la autonomía iba más allá del pretendido control político que intentó diseñar Portes Gil; al interior de la institución, el debate se tornaría de carácter ideológico. Entre ese mismo año de 1929 y 1933, la Universidad Nacional, ahora autónoma, fue un campo de batalla donde se enfrentaron dos concepciones sobre la educación superior. Para unos, la autonomía era incompatible con una institución educativa del Estado, pues debía responder a los lineamientos de éste. Frente a ellos, otros pensaban que no se podía imponer la uniformidad de criterios pues ante todo debería privar la "libertad" para enseñar, así como investigar. El debate no es anecdótico ni de segundo plano, pues llegaba a la esencia misma de la institución, a su razón de ser y a su legitimidad como órgano del Estado mexicano, como ya lo había planteado Sierra en 1910. Será esta coyuntura donde el conflicto de la autonomía adquiera su verdadera dimensión. 1933 cerrará el ciclo a favor de la autonomía pero a un costo que aún hoy en día estamos debatiendo. Caso vs. Lombardo El dilema de la libertad de enseñanza alcanzó su punto álgido en 1933 cuando el gobierno definió su proyecto educativo como un "concepto racional y exacto del universo y de la vida social", al cual llamó socialista. La experiencia revolucionaria al institucionalizarse estableció una serie de valores que invariablemente se reflejarían en la educación, pues en este terreno el Estado tendría la obligación de educar a la población en esos valores emanados del nacionalismo revolucionario. El proyecto de la educación socialista se plasmó en la reforma al artículo tercero constitucional donde el concepto de educación laica se entendería por su base racionalista, pensado en contraposición a lo religioso, dado el conflicto entre el gobierno y la iglesia que se vivió por esos años. La educación socialista abarcaría todos los niveles de enseñanza en el país, incluida la universitaria. A diferencia del pasado inmediato donde el proyecto educativo universitario era parte del político, ahora la Universidad Nacional empezaba a diferir del gobierno en ese aspecto. La autonomía intelectual para decidir el rumbo de la cátedra se enfrentó al objetivo político, por muy noble que éste fuera. La articulación de la política pública fue el punto de conflicto con la autonomía universitaria, pues la política educativa del gobierno fue vista por la universidad como una imposición a los contenidos de la enseñanza y eso, era simplemente una vulneración al concepto de autonomía que confería la libertad de enseñar. En el célebre debate entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, la libertad de cátedra centró los límites de la futura relación entre el Estado mexicano y su principal institución educativa. La defensa de la libertad de cátedra fue interpretada por el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez como un camino contrario al definido por la Constitución, razón suficiente para desligarse del destino de una institución que quería ser autónoma. Ante la organización de manifestaciones contra la educación socialista por parte de algunos sectores de la comunidad universitaria, el presidente Rodríguez prefirió cortar por lo sano y declaró que su gobierno propondría las reformas necesarias para conceder a la Universidad Nacional "su autonomía plena". La Ley Orgánica de 1933 establecería las bases de la autonomía que ahora sería absoluta para que la institución, con sus propias orientaciones y "bajo su exclusiva y absoluta responsabilidad y con sus propios elementos pecuniarios y morales respondiera ante el país", sentenció el Presidente.