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Noticias de la ANUIES |
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Con una inversión de 12 mil millones de pesos en una primera etapa, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Atención a las 250 Microrregiones, que con el lema "Contigo manos a la obra" beneficiará a 5.5 millones de mexicanos en pobreza extrema. El pasado14 de febrero, en el municipio de San Bartolo Tutotepec, estado de Hidalgo, el presidente Vicente Fox hizo énfasis en el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, de universidades, empresarios y organizaciones no gubernamentales, en la cruzada por abatir la pobreza. En ese marco, la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, dijo que el proyecto de construir y ampliar los caminos de prosperidad que ayuden a rescatar a los marginados y a los pobres, requiere de la vinculación de la sociedad y el gobierno, a fin de lograr una sinergia social en el aprovechamiento de la labor del voluntariado. Precisó que el programa abarca 17 entidades y cada microrregión contará con un Centro Estratégico de Desarrollo que captará la demanda de las comunidades, así como los proyectos productivos que serán base para detonar la potencialidad de cada región. Expresó su interés en impulsar, conjuntamente con las instituciones de educación superior, programas de servicio social en municipios y comunidades consideradas en el Programa de Atención a las 250 Microrregiones. En este contexto, se busca acercar a los universitarios a trabajar por los mexicanos más pobres, conviviendo con ellos en la prestación de su servicio social, lo cual significará un enriquecimiento del capital humano, tanto entre los habitantes de las microrregiones atendidas, como en la maduración humana y social de los futuros profesionistas. La funcionaria manifestó que participan además 11 secretarías de Estado, cuyos titulares firmaron los acuerdos de coordinación intersectorial. También se suman al programa la Lotería Nacional y el Instituto Mexicano de Seguro Social. |
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Comisión especial del CUPIA trabaja con la Cámara de Diputados sobre los procedimientos para el ejercicio de rendición de cuentas en las IES públicas El Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, integró recientemente una Comisión Especial con el propósito de analizar y proponer a la sociedad y al poder legislativo, fórmulas y mecanismos de trabajo para desarrollar de la mejor manera en las instituciones de educación superior públicas el procedimiento de rendición de cuentas sobre el presupuesto que reciben de la federación, de los gobiernos estatales, y de la propia sociedad. Esta comisión está integrada por: Enrique del Val Blanco, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México; Víctor Everardo Beltrán Corona, rector de la Universidad Autónoma de Baja California; Raúl Godoy Montañés, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán; Uriel Galicia Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México; Jaime Valle Méndez, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Carlos Salazar Silva, rector de la Universidad de Colima; Gerardo Lara Orozco, director del Instituto Tecnológico de Puebla; Víctor Arredondo Alvarez, rector de la Universidad Veracruzana; Humberto Filizola Haces, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; José María Fraustro Siller, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; José Luis Gázquez Mateos, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana; y David Torres Mejía, secretario general ejecutivo interino de la ANUIES. El pasado día 12 de febrero, los miembros de esta Comisión Especial sostuvieron una reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados presidida por el diputado Amador Rodríguez Lozano, a la que también asistió la diputada Silvia Alvarez Bruneliere, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y miembro de la Comisión de Educación. Al iniciar la reunión, David Torres Mejía explicó a los legisladores, en términos muy generales, las principales acciones de transformación de las universidades públicas mexicanas en los últimos diez años, en materia de planeación y gestión institucional, de formación de profesores, de fortalecimiento de los programas educativos, de crecimiento y fortalecimiento de la matrícula, entre otros rubros. Posteriormente, Enrique del Val leyó ante los diputados el siguiente documento:
Señoras y señores: En diciembre del año pasado estuvimos en este recinto con las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, para expresarles nuestra preocupación por las asignaciones presupuestales a la educación superior contenidas en el proyecto de Presupuesto 2001. En dicha reunión encontramos plena simpatía por parte de los representantes de las diferentes corrientes políticas hacia nuestros planteamientos, misma que se manifestó posteriormente en una acción concertada en favor de un incremento en el presupuesto destinado a la educación en general y a la educación superior en particular. A los señores legisladores y a las señoras legisladoras, de esta H. Cámara, nuestro reconocimiento. No quisiéramos pasar por alto este episodio en la vida de ambas instituciones, la Cámara de Diputados y la ANUIES, porque consideramos que el tema que hoy se plantea ante esta Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda se relaciona directamente con aquél en la medida en que ambos, tanto el financiamiento como su supervisión, son aspectos de una misma cuestión que es la importancia que el Gobierno Federal reconoce a la educación. Es nuestra intención ahora promover un entendimiento con ustedes a partir de tres elementos muy sencillos y que para nosotros revisten gran importancia: · En primer lugar expresarles nuestra decisión de defender el principio constitucional de la autonomía, · En segundo término la importancia que la rendición de cuentas tiene para las universidades públicas autónomas, y finalmente, · Nuestra propuesta de formar un grupo técnico de trabajo, en relación con los procesos de rendición de cuentas a las universidades públicas autónomas. Autonomía Las universidades públicas autónomas están obligadas por el Artículo Tercero Constitucional a administrar su patrimonio para la realización de las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que les son sustantivas. Cada institución autónoma lo hace con entera libertad tomando en consideración, por una parte, los objetivos planteados en su misión y en su programa de desarrollo institucional y, por otra, los señalamientos de sus órganos colegiados internos que definen en última instancia el programa anual de trabajo. El modelo organizacional y académico varía de una universidad a otra de tal suerte que podemos afirmar que no existen dos universidades idénticas. Algunas tienen una estructura de facultades y otras departamental; unas tienen una red de unidades repartidas en una entidad federativa o varias, y otras se concentran en una ciudad o región; las hay donde la investigación tiene una estructura propia, independiente de la función docente, otras donde la docencia e investigación forman una unidad, y algunas en donde la investigación es incipiente, orientando sus esfuerzos primordialmente hacia la enseñanza; existen universidades en las que predominan los profesores de carrera, y otras donde son mayoría los de asignatura. Adicionalmente, al interior de cada establecimiento, la variedad suele multiplicarse según el área de estudios, por ejemplo, predominando más el personal académico de carrera en las disciplinas básicas, como las ciencias naturales, las matemáticas, la física o la filosofía, que en las profesionalizantes, como las ingenierías o la contaduría. Cada una de estas configuraciones exige una forma adecuada para su financiamiento que es diferente en cada caso. Por eso para las universidades públicas la autonomía, entendida como la capacidad para diseñar sus planes y programas de estudio se encuentra íntimamente relacionada con la manera de ejercer los recursos. La investigación se financia de una manera y la docencia de otra. Las combinaciones posibles al interior de cada una de estas funciones son muy grandes. Y una causa adicional, de esa variedad, deriva del hecho de que las universidades públicas autónomas fueron creadas para educar a la juventud mexicana en los valores de la ciencia, la tecnología, la filosofía, la pluralidad, la libertad, el humanismo, el estado de derecho y la democracia. Quienes hayan estudiado en alguna de esas instituciones saben que una universidad produce conocimientos, y transforma hombres y mujeres en personas con habilidades técnicas, valores y conciencia social. Conocen a muchos egresados que han llegado a los más elevados escaños de la representación popular en nuestro país y que desde ahí han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos y se han convertido en un factor de cambio estructural en la sociedad mexicana. Rendición de cuentas Es importante ahora explicar que el uso de los recursos que se emplean para desarrollar los programas de trabajo de las universidades es vigilado cotidianamente por las estructuras administrativas de cada institución y periódicamente por una red de órganos colegiados internos y otras instancias como Patronatos, Consejos Consultivos y auditores externos que constituyen los elementos de una estructura de rendición de cuentas orientada a asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. La experiencia acumulada en los años recientes en materia de rendición de cuentas ha sido positiva toda vez que asegura que los recursos sean empleados en los planes de trabajo aprobados por los órganos colegiados. Aunque el proceso de rendición de cuentas se ha afianzado en el último lustro, en realidad se remonta prácticamente a los decretos de autonomía correspondientes ya que en las leyes orgánicas de las instituciones se estipula la obligación del rector de presentar un informe anual al órgano colegiado superior. Así, prácticamente desde sus comienzos como instituciones autónomas, las universidades públicas han informado de sus acciones en primer lugar a su propia comunidad, y después a la sociedad. En el documento "Acciones de Transformación", que nos estamos permitiendo entregarles, ustedes podrán constatar las medidas que las instituciones públicas autónomas de educación superior han instrumentado en los últimos años para el mejoramiento de su sistema de rendición de cuentas. Todas esas acciones constituyen un ejercicio de transparencia, un instrumento valioso para el mejoramiento sostenido de los servicios que ofrece una universidad a su sociedad. Autonomía y fiscalización Como hemos visto, el proceso de rendición de cuentas incluye la realización de auditorías de los recursos que administramos, pero no se agota en ello y se encuentra entrelazado con la naturaleza de las instituciones y con sus planes de trabajo. Por otra parte advertimos que la propia legislación de Fiscalización consigna la posibilidad de establecer normas y procedimientos de contabilidad "de conformidad con las propuestas que formulen los Poderes de la Unión y los entes públicos federales y las características propias de su operación". (LFSF, Art. 16, frac. II). Creemos que el sentido de la invitación a conversar con ustedes es precisamente que juntos podamos encontrar la manera de preservar los equilibrios que advertimos en nuestra Constitución entre autonomía y fiscalización. Sobre el tema de la fiscalización habría que señalar también que, en virtud de las formas establecidas, las universidades públicas autónomas reportan directamente a la SEP sobre el uso de los recursos federales recibidos y que, en el caso de las instituciones de los estados, también reciben recursos públicos del erario estatal lo cual sugiere que se debería contemplar la coordinación con esos otros poderes y soberanías. Conclusión Para nosotros, que ejercemos cotidianamente la autonomía de las universidades públicas, es fundamental dejar claro que la rendición de cuentas es una parte esencial de nuestra gestión. Por ello nos preocupa el tipo de imagen que se difunde, a veces, sobre la universidad pública cuando se dice que van a ser auditadas, sobre todo cuando se insinúa algún tipo de malos manejos. La vigilancia del ejercicio de los recursos públicos constituye una muestra clara de responsabilidad por parte de las instituciones democráticas hacia los ciudadanos cuyas aportaciones fiscales constituyen, en última instancia, la parte esencial del presupuesto de la Federación, y a quienes hay que rendir cuentas sobre la utilización de dichos recursos. Por ello, dentro de un marco democrático de respeto institucional y de vigencia del marco constitucional, resulta de la mayor importancia el que podamos construir una metodología de trabajo para acercar nuestros puntos de vista y salvaguardar la credibilidad de nuestras organizaciones. Confiamos en su buena disposición y les expresamos nuestra mejor voluntad para trabajar conjuntamente. Así, quisiéramos proponerles la creación de una comisión conjunta de trabajo que nos permita definir a la brevedad las formas y los procedimientos mediante los cuales se pueda realizar la rendición de cuentas, respetando en todo momento la autonomía establecida en el artículo tercero de la Constitución. Posteriormente se generó un intercambio de puntos de vista entre los titulares de la IES públicas y los legisladores, lo cual fue resumido al final de la sesión, por el diputado Amador Rodríguez Lozano, de la siguiente manera: Agradezco esta oportunidad de reflexionar juntos sobre la compatibilidad de autonomía y rendición de cuentas; recibimos esta propuesta que ustedes nos hacen, de formar una Comisión de trabajo conjuntamente con la Cámara de Diputados, específicamente con la Contaduría, el órgano de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Al terminar esta reunión tendremos una sesión ordinaria de la Comisión, donde daremos entrada formalmente a esta propuesta. Quiero decirles que ha quedado muy clara la voluntad política de los distintos grupos parlamentarios de llegar a acuerdos; así lo ha ratificado el Auditor Superior en su intervención, al decir que no se busca imponer "a raja tabla" nuestra voluntad o nuestra visión particular e interpretación de la Constitución y de la ley; que conocemos la complejidad de las universidades. Aquí también ha quedado evidencia de las características peculiares de cada universidad, las características de sus distintos procedimientos, sus formas de vida administrativa, de cómo se componen sus recursos. Creo yo que esto hace también necesario que vayamos construyendo con cada una, la forma en que vamos a realizar este nuevo mandato de la rendición de cuentas. Fue precisamente, a solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que les pedimos a ustedes la elaboración de un documento de trabajo, que fuera su propuesta inicial de cómo realizar precisamente este compromiso constitucional. No se trata de que se hagan auditorías directas, no se trata de que se intervenga en sus mecanismos; se trata simplemente de que busquemos un nuevo procedimiento para hacer valer este principio constitucional. La rendición de cuentas no debe entenderse como un mecanismo que va a buscar culpables ni tampoco como un procedimiento que presupone violaciones o actos de corrupción; es un nuevo diseño de la arquitectura constitucional mexicana, que busca cumplir con el viejo anhelo de Carlos María Barón de Secondant, en el sentido de que el poder defienda al poder, de que haya un equilibrio entre los distintos elementos que conforman el Estado mexicano, para que entre nosotros mismos, en este sano equilibrio, podamos encontrar -como aquí se dijo-, resultados fructíferos y que sea, como dijo el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, una gran oportunidad. Nosotros, en la Comisión de Vigilancia, estamos también buscando hacer un ejercicio nuevo sobre las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la propia Auditoría Superior; estamos tratando de vincular este ejercicio con las funciones sustantivas que tienen otras comisiones, como la de Educación o la de Ciencia y Tecnología, para que el esfuerzo que realiza nuestra Comisión sea conjunto y propositivo, no solamente para señalar irregularidades o desvíos, sino que tenga un objetivo mucho más amplio, que abarque otras tareas, con el ánimo de colaborar para que las instituciones funcionen de la mejor manera como lo está reclamando el pueblo. Aplaudimos su franqueza y sus exigencias de reconocimiento al valor de la universidad pública. Este reconocimiento, bajo ninguna circunstancia lo vamos a regatear, sino al contrario, queremos enfatizar que nosotros reconocemos en la universidad pública el puntal para el desarrollo de nuestro país. Aquí ha quedado evidenciada la voluntad política de los grupos parlamentarios de respeto a la autonomía. Llévense entonces, por favor, este mensaje de la Cámara de Diputados, en el sentido de que compartimos los mismos propósitos, y que vamos a buscar los mecanismos para que autonomía y rendición de cuentas contribuyan al bienestar del pueblo de México. |
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