En 1971, 244,000 mexicanos cursan ya estudios universitarios. Las estimaciones más confiables aseguran que la población estudiantil de nivel superior a la preparatoria aumentará en medio millón en los próximos diez años. Para atender esa demanda sin detrimento del nivel académico es indispensable la coordinación de los recursos y esfuerzos de todas las instituciones de enseñanza superior del país, independientemente de la necesidad de utilizar de manera creciente la cooperación de organismos educativos del extranjero. Nuestras instituciones se necesitan mutuamente. Su colaboración es requisito para que cada una cumpla con mayor eficacia su misión. Para ello, es conveniente poner el acento en nuevos enfoques interinstitucionales, dentro del marco de la reforma nacional de la educación. Una política de reforma y una estrategia para el desarrollo educativo deben contemplar varios niveles: el internacional, el regional, el nacional, el estatal y el local. En cada uno, distintos grupos elaboran su propia política de reforma y desarrollo. Es obvio, por tanto, que para que todas ellas se refuercen mutuamente deben compartir enfoques generales y líneas básicas de acción. A escala nacional, parece evidente que tan sólo para mantener los niveles actuales -cuantitativos y cualitativos- de satisfacción de la demanda social de educación superior, y con mucha mayor razón para aumentarlos y mejorarlos, hay una necesidad específica de compartir lo mejor de los esfuerzos y recursos físicos y humanos del país. Un mecanismo fundamental de toda estrategia de reforma educativa es el mejoramiento de las relaciones internas y externas del sistema, entre todas sus partes y en todos sus niveles. Entre otras cosas, la reforma debe proponerse romper con el aislamiento de escuelas y sistemas de enseñanza. Hasta ahora han sido pocas las iniciativas tomadas por centros docentes nacionales y extranjeros para estrechar sus lazos con otras instituciones en busca de apoyo mutuo. Han sido los individuos (profesores, investigadores, asesores, estudiantes) los que se han trasladado a otras casas de estudio, en la mayoría de los casos sin el apoyo de sus escuelas: el intercambio intelectual ha descansado más sobre los individuos que sobre las instituciones, por falta de mecanismos idóneos. La diversidad de sistemas de créditos entorpece gran parte de las posibles acciones de intercambio o cooperación interinstitucional. Se requiere un sistema común de validación que permita un fluido intercambio de personal académico y estudiantes de todos los niveles a escalas nacional e internacional. Respecto a la primera, el intercambio entre los distintos centros docentes del país operaría con mayor fluidez dentro de un sistema nacional de enseñanza con créditos académicos y equivalencias comunes, tal y como lo establece la Declaración de Villahermosa. Los mecanismos vigentes de reconocimiento y revalidación de estudios, sin ser rígidos, no son suficientes para dar libre curso al intercambio de estudiantes y profesores. El reconocimiento de estudios, por ejemplo, ha venido operando para "reconocer" ciclos completos, sobre la base de la equivalencia del contenido y duración de los respectivos planes de estudio, y de un examen de la capacidad técnica, científica y profesional de las instituciones que emitan los certificados. Su concepto clave es el de equivalencia. De él depende la rigidez o flexibilidad que se quiera dar a los sistemas de reconocimiento. En efecto, por equivalencia puede entenderse una identidad total de planes y programas de estudios, o una similitud de carácter general, global, de los ciclos cursados. Y no parece posible enunciar al respecto criterios más objetivos, aplicables a todas las instituciones nacionales y extranjeras cuyos certificados de estudio pudieran ser sometidos a reconocimiento, mientras subsista la diversidad de sistemas de créditos. Un sistema nacional más flexible para el cómputo de los créditos coadyuvaría también a resolver otro de los graves problemas de la educación nacional: el de la insuficiencia de maestros, problema que no es sólo numérico, sino también cualitativo. Un eficaz sistema de intercambio de alumnos y profesores elevaría, sin duda, dicha calidad. En tal sentido sería útil el concepto de acreditación, por ejemplo, que en la Universidad Nacional Autónoma de México se viene aplicando para registrar el valor en créditos de los cursos aprobados en sus propios planteles o en los de los estudios incorporados a ella. Si se aceptara en todas las universidades del país, permitiría validar cursos de formación o de actualización para profesores, ofrecidos a egresados de todas nuestras casas de estudio, como créditos computables para la obtención del grado. Sería posible, asimismo, llevar a cabo programas de investigación inter-institucional que reportaran el mismo reconocimiento académico. Igualmente, facilitaría la incorporación de alumnos de maestría y doctorado a los programas de trabajo de los institutos o centros de investigación o a las divisiones de estudios superiores acreditándoles su labor de la misma manera. Se fomentaría, con ello, la formación de investigadores. De tal modo, cabría pensar en tres vías paralelas para la obtención del grado superior: 1) La asistencia y el trabajo en cursos y seminarios tradicionales. 2) La asistencia a cursos de formación de profesores o de actualización, que busquen familiarizar al profesional con avances recientes en su ramo, o bien, adiestrarlo en técnicas específicas. 3) La realización de trabajos de investigación. Un sistema nacional de créditos facilitaría e impulsaría el intercambio y la formación de posgraduados, profesores e investigadores. Las instituciones educativas de todo el país podrían intercambiar estudiantes que se encuentren en cualquier nivel de estudios, pues la revalidación de las materias cursadas se simplificaría en gran medida. En suma, se propone concretamente la adopción de criterios uniformes, a nivel nacional, respecto a reconocimiento, revalidación y acreditación de estudios, así como un esbozo del posible contenido de tales conceptos: 1) Mediante el reconocimiento global de ciclos académicos, las instituciones reconocerían éstos como equivalentes a los propios, sólo para efectos internos; esto es, para el caso de que deseen continuar los estudios, o de reconocimiento del nivel académico de aspirantes a impartir cátedra en la institución. Operaría sobre la base de la similitud del nivel de formación y de sus objetivos globales, o bien de la función práctica que cumplan los estudios. 2) La revalidación, aplicable tanto a ciclos completos como parciales, consistiría en volver a dar validez, tanto institucional como legal, a estudios cursados en otros centros docentes. Operaría mediante el establecimiento de equivalencias de asignaturas y créditos, así como de la similitud del nivel de formación y objetivos globales del ciclo. 3) La acreditación consistiría en registrar como cubierto el número de créditos correspondiente a determinada asignatura del plan de estudios. La Universidad Nacional Autónoma de México entiende por crédito la unidad de valor o puntuación de una asignatura computable, básicamente, en la siguiente forma: a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como clases teóricas o seminarios, una hora de clase semana-semestre corresponde a dos créditos. b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como prácticas, laboratorios, talleres, etc., una hora de clase semana-semestre corresponde a un crédito. Los créditos para cursos de duración menor de un semestre se computan proporcionalmente a su duración, aunque siempre se expresan en números enteros. Dado que a nivel internacional la tarea de unificar los diversos sistemas de crédito no podría ser a corto plazo, un primer paso podría ser formalizar los criterios de reconocimiento y revalidación mediante acuerdos específicos interinstitucionales. Obviamente, no con todas las instituciones educativas del mundo, pero sí con aquellas con las que se tengan intereses específicos de intercambio, o haya en tal sentido una mayor demanda. Incluso, tales acuerdos podrían abarcar inicialmente sólo los cursos de posgrado. Con ello los profesionales tendrían la posibilidad de escoger entre una gama mucho más amplia de especialidades. La educación de posgrado necesita ese impulso. Hasta ahora, sólo unas cuantas de nuestras instituciones de docencia superior pueden ofrecer tales cursos. De ahí la necesidad de que aquellas universidades mexicanas que lo hagan, se ubiquen dentro de un contexto, no sólo nacional, sino internacional, al elaborar sus programas de desarrollo de educación profesional. Pero para implantarlos necesitan nuevos instrumentos de intercambio. Ese proceso de racionalización al que llamamos reforma de la educación necesita, para ir adelante, la participación y colaboración real de todas nuestras casas de estudio. Y dicha colaboración real requiere, previamente, lenguajes y mecanismos comunes. Monedas de intercambio, valga la expresión. Un lenguaje común respecto a sistemas de créditos, reconocimiento, revalidación y acreditación, simplificaría enormemente la tarea que tenemos por delante. Contenido