¿Cuáles son los beneficios más significativos que reporta la autonomía a la universidad misma y al país? - Desde la aparición de la universidad, en la Edad Media, ésta ha tenido siempre alguna forma de autonomía, más o menos amplia. Así, la observación histórica nos hace ver ya la estrecha relación entre vida universitaria y autonomía. Hay que partir de la consideración de que el país necesita que sus instituciones de alta cultura cumplan varias funciones: investigar, enseñar y difundir el saber (planteamientos que recoge la Ley Orgánica de la UNAM). En mi opinión, esto se puede expresar, en forma más amplia y precisa, acerca de cada una de estas actividades. La primera es la investigación de los problemas que afectan a la nación y a la humanidad. Esto requiere el examen profundo, continuo, en contacto con la comunidad científica mundial y con la realidad, tanto internacional, como nacional, de situaciones a enfrentar y superar; exige también el desarrollo de lo que antes se solía llamar "ciencia pura", más bien ciencia básica, que busca conocimientos cuya aplicación inmediata no es prevista de antemano, pero sin cuyo desarrollo pronto se estanca la ciencia aplicada. En cuanto a la función de la enseñanza, de la formación del personal técnico, científico y humanístico de alta preparación, ésta es evidente y no requiere mayor explicación; lo mismo puede decirse acerca de la difusión general del conocimiento. Ahora bien, la autonomía facilita que estas funciones se desarrollen en un ambiente caracterizado por la libertad de cátedra y de investigación, y sin estar sujetas a las presiones inmediatas de los requerimientos gubernamentales, empresariales o de otro tipo; éstos pueden ser atendidos por órganos específicos de investigación y experimentación, directamente ligados a los organismos gubernamentales o privados de que se trate. De esta manera, la universidad puede realizar su labor con mayor estabilidad y a más largos plazos. La autonomía facilita también que la universidad cumpla otra función de vital importancia: la libertad de cátedra y de investigación permite que se examinen críticamente los problemas y la estructura misma de las ciencias y de la sociedad, en todas sus manifestaciones. Así, los universitarios pueden proponer interpretaciones y soluciones, que otros organismos sociales, sujetos a factores de poder concretos, difícilmente podrían elaborar. Junto con la función que se acaba de mencionar, se encuentra la formación de intelectuales capaces de criticar, lo que significa que deben tener conocimientos profundos y preparación en el análisis y en la interpretación de las situaciones que estudian. De esta manera, la universidad, con la autonomía y la libertad de cátedra e investigación -comprendida también como derecho de crítica consciente de parte del estudiante- contribuye en la lucha por una mayor libertad social, y contra las tendencias que pretenden implantar o reforzar sistemas impositivos y restrictivos en lo intelectual y en lo social. ¿En qué forma la autonomía responde a las necesidades que le impone el desarrollo social y económico del país en estos momentos, o en qué forma habría de adecuarse a ello? - Habría que hablar, sobre todo, de la débil coordinación entre diferentes organismos e instituciones encargadas de estudiar y resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Indudablemente, desde hace bastante tiempo y en forma cada vez más intensa, se trata de remediar esta falta de información y de coordinación (piénsese en los esfuerzos realizados por la ANUIES, el CONACYT, las Secretarías de Estado, la propia UNAM y otros); en la medida en que estos esfuerzos fructifiquen y en la medida en que se disponga de los recursos necesarios, puede ser más efectiva la labor de la universidad. ¿La autonomía universitaria está suficientemente garantizada por las leyes o seria necesario elevarla a rango constitucional? - Considero que este planteamiento sólo se refiere a una parte del problema: la relación entre la universidad y el poder público. Sin embargo, la autonomía, tal como lo he señalado anteriormente, debe verse en relación con todas las fuerzas sociales. Es evidente que la autonomía no puede significar un alejamiento de la universidad de la vida social, sino el derecho y la capacidad real de la universidad para responder, de acuerdo con sus propios criterios, institucionales y de sus integrantes, a los problemas y necesidades cuyo estudio plantean el Estado o distintas fuerzas y grupos sociales. Desde luego, sería conveniente una garantía constitucional de la autonomía, siempre que sea lo bastante clara y amplia para que no introduzca confusiones o limitaciones perjudiciales. Por otra parte, el señalamiento de la autonomía como garantía constitucional, no será suficiente si no se asegura su viabilidad práctica. Esto significa, en primer lugar, su financiamiento. Es un hecho que la función universitaria actual, para ser eficiente, requiere de importantes recursos. Hay muchos estudios que señalan que nuestro país, a pesar de los grandes esfuerzos que se están realizando, dedica porcentajes de su producto nacional mucho menores de los recomendados, a la enseñanza y a la investigación superiores. Muchas veces se ha señalado que la autonomía no es real ya que "el que paga manda" y, en el caso de la universidad pública de México, el que paga es el Estado. Se han propuesto, frente a esto, distintas soluciones: el autofinanciamiento, mediante la inversión de capitales cuyos intereses o ganancias sostendrían a la universidad; la colegiatura correspondiente al gasto real; la donación amplia por parte de empresas privadas, entre otras. ¿Sería conveniente para la universidad decidirse por alguna de estas propuestas? - Ninguna de estas formas puede resolver ventajosamente el problema. En el caso de la UNAM, por ejemplo, para que ésta pudiera obtener los aproximadamente 8 mil millones de pesos del presupuesto de 1978, debería disponer de un capital de 60 a 80 mil millones; por otra parte, de ninguna manera resulta conveniente transformar a las universidades en empresas interesadas en la ganancia, ya que esto tendería a desviar su atención y les dificultaría seriamente cumplir con sus funciones. La colegiatura correspondiente al gasto real, más de 50 veces superior a la actual en la UNAM, crearía graves tensiones sociales, reduciría drásticamente la posibilidad de estudio de muchos jóvenes de escasos recursos y privaría al país de la preparación de las personas necesarias para su desarrollo; implantar la colegiatura señalada, y complementarla con un sistema de reducciones o dispensas de la misma, determinadas por trabajadores sociales, enfrentaría a la universidad con una adicional causa de conflictos y la obligaría a cumplir con una función que corresponde a la Secretaría de Hacienda; estudiar la situación económica de los ciudadanos para determinar su contribución al gasto público. Por último, se ha tratado de incitar a las empresas a hacer grandes donaciones para costear la educación universitaria. Se trata, en parte, de una falacia, ya que estas donaciones pueden ser deducidas de las ganancias a ser declaradas y así, de hecho, un alto porcentaje de las donaciones se traduce en una reducción de los impuestos a pagar: el Estado recibe menos dinero, y dispone de menos recursos para atender sus funciones. Además, y esto es posiblemente más grave aún, el sistema puede fácilmente permitir a los donantes una gran influencia en la vida de la universidad; no hay motivo para suponer que esta influencia sea menos dañina para la autonomía que el sostenimiento de la universidad por el Estado. Como resultado de las reflexiones anteriores, llegamos a la conclusión de que, si ciertamente los ingresos provenientes de servicios prestados por la universidad, de colegiaturas, donaciones o capitales propios, pueden ser una valiosa aportación adicional, en lo fundamental la labor de las universidades públicas debe considerarse un servicio público y debe ser sostenida por el Estado. La inclusión de este compromiso en las garantías constitucionales, con la indicación simultánea de que no debe significar una limitación de la autonomía, libertad de cátedra y de investigación de la universidad, es altamente deseable. Concretamente, se podría establecer que la ley determinara que un porcentaje del producto nacional debe ser destinado por el Estado al sostenimiento de las universidades públicas. La Constitución podría señalar un mínimo, que podría ser rebasado pero no disminuido por el presupuesto de egresos respectivo. ¿En qué medida los sectores que integran la comunidad universitaria participan en la defensa de la autonomía? - En la medida en que se amplíen el conocimiento y la conciencia que el universitario tenga de su institución, y en la medida en que sea más intensa su participación en la vida de ésta, mayor será su participación en la defensa de la autonomía. Puede ser conveniente señalar aquí que esta participación debe consistir tanto en el cumplimiento de las funciones del universitario -docentes, de investigación, de difusión, de participación en organismos de estudio y dirección- como en la exigencia de que otros académicos, autoridades universitarias y extrauniversitarias, cumplan rigurosamente con sus obligaciones. La mejor defensa de la autonomía universitaria consiste en la participación intensiva de los universitarios en el conocimiento, la discusión y la adopción de decisiones respecto a los problemas de la institución, a través de los órganos correspondientes. ¿La autonomía garantiza la calidad de los niveles académicos y de investigación que se realizan en la universidad ? - Lo que puede hacer la autonomía es crear el marco, o una parte del marco, en el cual los universitarios pueden desarrollar una actividad académica de alto nivel, tanto en la investigación como en la docencia y en la difusión. Podríamos decir que sin autonomía sería muy difícil y, en algunas ramas del saber, prácticamente imposible, que la universidad tuviera un alto nivel de conocimientos, de formación de profesionistas y de elaboración de críticas científicamente fundamentadas y socialmente provechosas. Contenido