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Las universidades e instituciones de educación superior realizan su XIX Asamblea en un momento excepcional.
Excepcional por la extensión que el sistema de educación superior ha alcanzado. Excepcional por la
alta calidad con que se enseña e investiga en algunos de sus centros académicos. Excepcional por
la oportunidad concreta que se nos presenta de avanzar en el planeamiento de la educación superior, dentro
de la atmósfera de libertad y autonomía que prevalece en nuestras casas de altos estudios.
Vivimos momentos de transición de nuestra acelerada historia. Son momentos complejos en los que no es fácil
interpretar acertadamente el significado de los hechos. No es de extrañar, por esto, que una realidad compleja,
como es la educación superior, se preste a interpretaciones diversas. Todas estas interpretaciones, cuando
son fruto del análisis sereno y el esfuerzo científico, merecen respeto y, aunque no concuerden con
nuestros juicios personales, debemos alegrarnos de que se propongan y discutan. Este debate enriquece nuestros
acercamientos a la realidad. Pero también se difunden imágenes distorsionadas de la educación
superior, que surgen no de análisis rigurosos sino de posiciones emotivas o de intereses personales o de
grupo.
Me referiré a dos tipos extremos de estas imágenes.
En unos medios se afirma que se ha deteriorado seriamente el nivel académico de las instituciones de educación
superior. Se afirma que este deterioro se debe sobre todo a la masificación y a la politización.
Es fácil ver detrás de estas afirmaciones un ideal de educación superior "eficientista",
elitista, sometida a una racionalidad económica superficial y, sobre todo, apolítica, propia de quienes
desean que no cambie la sociedad mexicana y prefieren ignorar los naturales procesos de transformación que
se están dando en ella.
En el extremo opuesto, se propala otra imagen distorsionada. Se afirma que las instituciones de educación
superior no hacen sino reforzar un sistema social injusto. Que el Estado las somete indebidamente a sus fines.
Que ni en los estudiantes ni en los profesores se advierte una clara comprensión con la necesaria transformación
social.
Detrás de estas inculpaciones y críticas también se advierte una visión de la educación
superior en la que se subordina su naturaleza académica a objetivos meramente políticos.
Estas imágenes distorsionan la realidad de la educación superior en México. Ambas están
vigentes inclusive dentro de las propias casas de estudio. Provienen más de posiciones ideológicas
y actitudes subjetivas que de análisis serios de nuestra compleja realidad.
Muchas mujeres y hombres de gran capacidad humana y académica trabajan cotidianamente en la educación
superior como profesores, investigadores o funcionarios. No podemos -si no es por ligereza- juzgarlos como irresponsables,
incapaces, deshonestos o faltos de compromiso, como estas imágenes parecen implicar.
Es necesario recuperar una imagen objetiva de la educación superior mexicana y hacer justicia a las mujeres
y a los hombres que en ella se afanan por cumplir su vocación académica, en un serio compromiso con
el país. Que tratemos de situar nuestra educación superior en el contexto social real en el que se
desenvuelve. Y de apreciar, con madurez, sus problemas como problemas, sus deficiencias como deficiencias y sus
logros como logros. Hoy quisiera aportar algunos elementos para esta reflexión.
Un primer dato que debemos registrar es el dinamismo extraordinario de la educación superior. En los últimos
años el sistema ha crecido y se ha consolidado notablemente. Apenas en 1970 los estudiantes inscritos en
licenciatura eran 250 mil. A partir de septiembre próximo pasarán de 800 mil.
En el mismo lapso las opciones de estudio que se ofrecen han aumentado de 113 a más de 300 carreras distintas.
El nivel de posgrado ha experimentado un crecimiento aún mayor. Hace diez años los estudiantes de
este nivel no llegaban a 6 mil en 13 centros. Hoy suman alrededor de 40 mil en 75. Se ofrecen ya 97 programas de
doctorado, 430 de maestría y 192 de especialización.
Se ha iniciado la descentralización de estos estudios. El Centro de Investigación Interdisciplinaria
para el Desarrollo de la Enseñanza Técnica en Querétaro, El Colegio de Michoacán en
Zamora, o los centros de Investigación Científica de Yucatán y de Quintana Roo, entre otros
-los doy sólo como ejemplo-, muestran caminos para fortalecer el nivel más alto de los estudios académicos
en el interior del país.
El sistema de educación superior hace también una importante contribución a la investigación
científica nacional. Si bien la investigación todavía se concentra en las grandes instituciones
-particularmente en la Universidad Nacional y en el Instituto Politécnico Nacional-, las demás le
dedican crecientes recursos. La Secretaría de Educación Pública apoya decididamente los esfuerzos
de las de provincia por incrementar su investigación: en 1979 se apoyaron 608 proyectos con 400 millones
de pesos. Se calcula que los recursos dedicados a investigación en los institutos y en las universidades
de los estados representan ya el 4% de sus presupuestos, cuando hace tres años la cifra era inferior al
1%.
Este acelerado crecimiento ha estado acompañado de importantes procesos de mejoramiento cualitativo.
La docencia se profesionaliza cada vez más. Si hace diez años los maestros de tiempo completo o medio
tiempo eran privilegio de unas cuantas instituciones, hoy existen en casi todas, aunque en algunas en número
relativamente reducido. Por otra parte, es mayor la proporción de profesores con maestría o doctorado.
Muchos más son los que han seguido cursos de actualización o de preparación pedagógica.
La elevación de la calidad del profesorado requerirá aún muchos esfuerzos. Pero se han sentado
ya sus bases.
Junto con lo anterior se advierte en la última década un decidido impulso de renovación académica.
Se innovan sistemas docentes. Se experimentan procedimientos de organización. Se aprueban sistemas para
evaluar a los alumnos, a los profesores, a los programas, a las instituciones. Se alienta el estudio individual
a través de materiales didácticos expresamente diseñados. Y se escribe y discute sobre estas
cuestiones.
Estas cosas no se hacían o casi no se hacían pocos años atrás. Revelan que, a pesar
de las críticas que se hacen al tradicionalismo de algunas instituciones, son muchas las que están
ya comprometidas con tendencias de renovación.
Estos esfuerzos por mejorar la calidad deben verse en su contexto. Se están dando en un sistema de educación
superior que se ha propuesto estar abierto a todos. No ser elitistas. Aceptar la necesaria masificación.
Mantener su carácter cuasi-gratuito. Democratizarse.
Quizá fuera más fácil mejorar la calidad educativa en un sistema de rigurosa selección
-que sería inevitablemente también una selección socio-económica-. Pero el país
ha hecho una opción, en su artículo tercero, a favor del carácter popular de su educación.
Ello no quiere decir que debamos desligar la educación superior de la realidad. Por el contrario, dentro
de la libertad académica y del espíritu social que anima su desarrollo, debemos y podemos vincularla
cada vez más con las necesidades reales del país y con el sistema productivo de servicios y bienes
social y nacionalmente necesarios.
A lo largo de los años, las instituciones de educación superior han contemplado el crecimiento de
su entorno regional y conocen las características distintivas de ese crecimiento.
De ahí que sean ellas mismas las que están mejor capacitadas para prever el futuro desarrollo de
las comunidades a las que sirven y se constituyan en unidades naturales de planeamiento dentro de su circunstancia
geográfica y humana. La planeación es una disciplina cada vez más presente en el desarrollo
de nuestra educación superior.
Esta conciencia y esta disciplina han encontrado una expresión concreta y efectiva en el Plan Nacional de
Educación Superior que ha reunido y concertado las voces, las demandas, los esfuerzos de todas las instituciones
del país. Este plan surge del consenso. Realista, no encubre las graves dificultades que enfrenta hoy la
educación superior ni la complejidad del espacio geográfico y humano en el que debe proyectarse el
porvenir.
Parte de la inmediata acción de las unidades de planeación de cada universidad, para informar a los
consejos estatales de planeación de la educación superior (COEPES), a los consejos regionales (CORPES)
y finalmente al consejo nacional (CONPES) que coordina la actividad de todo el sistema.
De particular importancia es la acción concertada de los consejos estatales con las unidades de planeamiento
de cada institución, ya que son ellos quienes tienen la visión inmediata de los problemas y de las
oportunidades de su región.
Es la cercanía de esta perspectiva lo que da claridad, solidez y objetividad al planeamiento. El conocimiento
del medio geográfico, de los movimientos demográficos, de los recursos económicos, del desarrollo
agrícola e industrial y, especialmente, de la tradición cultural y educativa de su propia zona, es
lo que permite alcanzar un mayor realismo al trazar la acción y los programas de nuestras casas de estudios
superiores.
El sistema nacional de educación superior prevé también los requerimientos educativos que
sobrepasan el nivel estatal. Necesidades complejas de especialización que podrán satisfacerse -sin
derroche de recursos- mediante una adecuada distribución regional o a través de centros de alcance
nacional situados o no en la capital de la República.
El México de hoy posee una nueva conciencia de la magnitud de sus recursos, pero también de las limitaciones
y condicionamientos que su uso implica.
Con ese espíritu han de plantear nuestras universidades el perfil de su futuro. Abrirán sus puertas
a todos los jóvenes que sean aptos para los estudios superiores, pero a la vez procurarán encauzarlos
hacia las áreas más promisorias para su realización profesional y para el desarrollo regional
y nacional.
Al decidirse las instituciones por un desarrollo lógico y coherente no traicionan su compromiso con la educación
popular, sino que lo conjugan con su función social. De esta manera sus esfuerzos por regular su evolución
se inscribirán en la perspectiva nacional, perspectiva con la que ya contamos gracias a los diversos estudios
de planeamiento que se han realizado y que han culminado con el Plan Global de Desarrollo.
El proceso de planeación de la educación superior deberá basarse, en su acción política,
en el diálogo y en el consenso entre las instituciones. Y en lo técnico, en el conocimiento objetivo
de las necesidades y recursos económicos, sociales y educativos del país.
En síntesis, puede afirmarse que con el Plan Nacional de Educación Superior surgen orientaciones
más precisas para el desarrollo de este nivel educativo y para la asignación más racional
de los recursos. El Plan hará posible fijar criterios de prioridad para la creación de nuevas instituciones
y de nuevas carreras. Mejorar de manera integral la calidad de los niveles académicos. Perfeccionar la organización
y la administración universitaria. Justificar sólidamente la canalización de mayores recursos
económicos para las universidades, en la medida en que garantizará una utilización más
eficiente de los mismos. Lograr una mejor coordinación interinstitucional. Ampliar, mejorar y fortalecer
los vínculos entre las instituciones y sus comunidades. Apoyar los programas de difusión cultural.
Y diseñar más amplios y ambiciosos programas de investigación científica universitaria
que, vinculándose con las actividades docentes, eleven la calidad académica y permitan al país
fortalecer el proceso de su autodeterminación científica y tecnológica.
Esta compleja labor, que aspira a coordinar las acciones institucionales con las grandes directivas que rigen la
marcha del país, ha sido acometida con decisión por la ANUIES. La Secretaría de Educación
Pública le ha prestado su apoyo y continuará haciéndolo en el futuro.
Cuando se escriba la historia de estos años, se reconocerá en ellos el periodo en el que el conjunto
de las instituciones de educación superior lograron constituirse, por su propia decisión, en un verdadero
sistema. Señalemos algunos hechos que así lo demuestran.
En primer lugar, los avances en materia de planeamiento.
En segundo, se han establecido las bases legales, en la Ley para la Coordinación de la Educación
Superior, con objeto de distribuir la función educativa entre la federación y los estados. Estas
disposiciones implican un compromiso del Gobierno Federal, antes no especificado en la legislación, respecto
a participar en el financiamiento de la educación superior.
En tercer lugar, en los últimos años, gracias a los acuerdos tomados en las reuniones de la ANUIES,
las instituciones, sin perjuicio de su heterogeneidad ni de su autonomía, han empezado a operar con algunas
normas, definiciones y procedimientos comunes, tanto en lo administrativo como en lo académico.
Por último, y quizá lo más importante, ha quedado consagrada constitucionalmente, en la reciente
reforma del artículo tercero, la autonomía universitaria. Este hecho jurídico ha aclarado
y establecido derechos y obligaciones de las Universidades Públicas y Autónomas y fija una referencia
esencial tanto para normar las relaciones de éstas con el Estado, como para concertar el ordenamiento de
las relaciones laborales de sus miembros. Se establece que, para hacer compatibles estas relaciones con los fines
de las instituciones y con el orden autónomo que las rige, se normarán por lo dispuesto en el apartado
A del artículo 123 constitucional, de acuerdo con los términos y modalidades que al respecto establezca
la Ley Federal del Trabajo.
Estos términos y modalidades deberán concordar con la autonomía, la libertad de cátedra
e investigación y los fines de las instituciones autónomas de educación superior. En síntesis,
la ley deberá procurar que los derechos de los trabajadores académicos y administrativos se ejerzan
cabalmente, pero sin desmedro de la autonomía.
Una justa apreciación de nuestra educación superior requiere ubicarla en los procesos sociales y
políticos en los que está necesariamente inmersa.
En este México que vive, cada vez con mayor conciencia, sus conflictos sociales, es ingenuo esperar que
las universidades sean apolíticas. Pero, por otra parte, en una sociedad que busca caminos de transición
de antiguos sistemas de privilegios a formas cada vez más justas de convivencia, es también ingenuo
suponer que las universidades puedan verse libres de las ambigüedades inherentes a toda institución
social.
En este contexto de alguna manera conflictivo, nuestra educación superior ejerce su función crítica.
Es mucho lo que el Gobierno le debe: críticas, correcciones, proyectos alternativos generados en las aulas
académicas han sido recogidos por organismos gubernamentales en no pocas ocasiones. Es mucho también
lo que la opinión pública le debe: sus aportaciones llegan a la ciudadanía a través
de la prensa, la radio, la televisión y a través de la conversación inteligente que forma
opinión.
La función crítica da lugar a la disidencia. El Gobierno respeta esta disidencia. El país
la necesita para robustecer su pluralismo político. La discusión ideológica dentro de las
universidades ha contribuido y seguirá contribuyendo a dar profundidad teórica y confrontación
con la realidad a las diversas tendencias políticas presentes en nuestra sociedad.
Disidencia, sin embargo, no es subversión, como pretenden hacer creer los partidarios de un orden que aspiraría
a la aceptación muda de privilegios injustificables.
Disidencia, por otro lado, tampoco es hostilidad al Estado, de parte de las instituciones de educación superior,
como han querido interpretarlo quienes sustentan la ruptura social como único camino. La crítica
puede consumirse en su propia negatividad, cuando se convierte en finalidad de sí misma.
Por ello, la función crítica de la educación superior, para ser fecunda, debe cumplir con
tres características esenciales. Primero, aceptar el pluralismo, ya que, por definición, es contraria
a todo dogmatismo, de cualquier signo. Segundo, debe realizarse conforme a la naturaleza, fundamentalmente académica,
de las instituciones que la ejercen. Tercero, debe situarse en la realidad nacional y partir de ella. De nuestra
realidad, y no de teorías que la pasión o la ingenuidad han convertido en dogmas.
Muchas serán sin duda, las deficiencias de nuestras casas de estudio respecto a sus responsabilidades sociales
y políticas. Pero conviene recalcar que las opciones fundamentales que ha tomado el sistema de educación
superior en su conjunto, son correctas.
La opción de cumplir su función crítica, sin dejar por eso de ser eficiente ni desvirtuar
su naturaleza académica.
La opción de robustecer el pluralismo social, sin supeditarse a fines políticos que no le son propios.
Lo que he expuesto, señor Presidente de la República, señores rectores y directores, hace
patente mi afirmación inicial: vivimos hoy un momento excepcional en la historia de nuestra educación
superior.
Hay, pues, razones para ver el futuro con optimismo. Hay razones para seguir alentando a todas las instituciones
-y a la ANUIES que las reúne y representa- en el camino de planeamiento y coordinación que han emprendido.
Hay razones, muchas razones, para que los estudiantes, los profesores e investigadores y los trabajadores administrativos
de nuestras casas de estudio reafirmen su convicción de que son válidos sus esfuerzos de superación,
y de que sus tareas no sólo contribuyen a la educación de los actuales alumnos sino a la construcción
de un sistema de educación superior que ofrecerá más amplias y mejores oportunidades a las
generaciones venideras.
En este espíritu de confianza, en la validez del esfuerzo emprendido dentro de una serena visión
del futuro, deseo a todos ustedes, señores rectores, señores directores, el mayor éxito en
los trabajos de la Asamblea que hoy inician.
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