PRIMERA PARTE

LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO


Contenido del Artículo:
1. Conceptos Fundamentales de la Educación Superior
2. Evolución y Estado Actual de la Educación Superior
3. Políticas Generales de la Educación Superior

 

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACION SUPERIOR

La elaboración de un marco conceptual de la educación superior en México, en el contexto de su, planeación, tiene dos propósitos: evaluar con objetividad la situación actual de este nivel educativo y precisar su funcionamiento deseado. La claridad de dicho marco contribuirá, por tanto, a formular estrategias operativas conducentes al logro de objetivos y metas inherentes a la planeación de la educación superior mexicana. Con estos propósitos, pueden considerarse diversos aspectos analizando el siguiente ordenamiento conceptual.

a) Ubicación y naturaleza

La educación superior es el nivel con que culmina nuestro sistema educativo, lo cual implica que no debe ser considerado en forma aislada, sino en relación con los ciclos educativos que le preceden. Esta posición del sistema de educación superior exige que de su planeación se esperen resultados de organización racional y funcionamiento eficiente, adecuadamente vinculados a los de niveles que le son previos. Consecuentemente, las metas y objetivos que se propongan para mejorar las funciones de la educación superior, a nivel institucional, regional o nacional, formarán parte de la totalidad del sistema educativo nacional que, desde todo punto de vista, es un componente indivisible del desarrollo integral del país.

En segundo lugar, la educación superior mexicana constituye un sistema complejo y cualitativamente diferente. Estas características provienen, en parte, de la mayor autonomía de funcionamiento que sus instituciones tienen en la estructura global del proceso educativo nacional. Las funciones que desempeña la educación superior para lograr su eficiencia interna y satisfacer los requerimientos que se le hacen fuera, especialmente en el campo de la investigación, determinan sus diferencias con los otros niveles educativos. El desarrollo de esas funciones (que serán explicadas en el siguiente apartado), depende de un conjunto cada vez más complejo de variables endógenas y exógenas, y está regulado por normas jurídicas y políticas que, en última instancia, reflejan las relaciones predominantes de la estructura económica y del funcionamiento de la sociedad. Estas circunstancias de la educación superior determinan que su planeación debe ser específica, dentro de la planeación global de la educación.

Por último, la educación superior mexicana se realiza a través de instituciones que, en su conjunto, pueden clasificarse en públicas o privadas, en autónomas o estatales, en universidades o institutos tecnológicos o de diversa índole. Estas instituciones, aunque distintas por su régimen legal o por las áreas formativas a que se dedican, constituyen ante todo unidades sistémicas que, para preservar la cultura, formar profesionales en los diversos campos del saber, ejercitar la investigación, renovar el conocimiento y extender los beneficios de la cultura, emplean insumos y recursos, aplican procesos, y obtienen productos. Debido a la naturaleza de la educación superior y no obstante su diversidad, todas las instituciones educativas de este ciclo cumplen objetivos comunes; en consecuencia, y vale la pena insistir, su complejo universo constituye un campo en el cual se hace necesario establecer un sistema específico de planeación permanente, con miras a satisfacer los requerimientos institucionales y las necesidades del desarrollo regional y nacional.

b) Funciones sustantivas

La docencia, la investigación y la difusión de la cultura son funciones básicas de la educación superior que se apoyan en las actividades académico-administrativas. Por su importancia, todas ellas son fundamentales en el desenvolvimiento institucional, y, relacionadas con los objetivos de la educación superior, constituyen la razón de ser del sistema en su conjunto.

La historia comparada de la educación superior enseña que los modelos que han seguido los países atrasados -por su dependencia y subdesarrollo- se han centrado preferentemente en la docencia y en la administración. Debido a ello, las instituciones de educación superior se han caracterizado, preferentemente, como planteles de enseñanza recogidos por un absorbente aparato administrativo.

La actual etapa de desarrollo del país exige que se cambie esta óptica y que, junto a la docencia, se otorgue igual rango de prioridad a la investigación, al servicio y a la difusión de la cultura. Sobre esta la difusión cultural deberá ser función orientada a realizar acciones permanentes fundadas en la investigación de los requerimientos sociales y programadas de acuerdo con las posibilidades institucionales, locales y regionales, con el objeto de extender los beneficios de la cultura nacional y universal a todos los sectores de la población.

A su vez, la planeación operativa e integrada de las funciones básicas contribuirá, por una parte, a que las instituciones difundan mejor los logros científicos, tecnológicos y artísticos obtenidos por la investigación y la docencia y, por otra, a que encuentren nuevas vías de integración con la sociedad en que se desenvuelven, como condición necesaria para orientar sus transformaciones.

En esta nueva perspectiva, las funciones básicas o sustantivas estarán apoyadas por la administrativa, función que debe entenderse como dirección racionalizada de la institución y no como un conjunto más o menos complejo de relaciones jerárquicas y de decisiones pragmáticas. consecuentemente, la función administrativa, por sí misma y como infraestructura en que se apoyan las otras, tenderá a la planeación, de tal modo que -gradualmente- se vayan borrando las fronteras imprecisas que aparecen entre la administración y la planeación educativa.

Para los fines de una planeación permanente, las funciones básicas constituyen los elementos sustantivos que deben tomarse en cuenta; sin embargo, su mejoramiento y optimización racionalizada dependen de una diversidad de factores internos y externos, tales como la explosión demográfica, el proceso de industrialización, el financiamiento, y la cantidad y calidad de los elementos humanos que trabajan en la educación superior. La planeación ininterrumpida de la educación superior debe basarse en el conjunto de relaciones predominantes en la estructura económica, social y política del país y que inciden en el desenvolvimiento institucional. Por otra parte, tampoco será eficiente si no considera los medios y recursos requeridos y necesarios. Soslayar cualesquiera de estos aspectos implica salir del planeamiento de una realidad para llegar a la descripción de una utopía.

La educación superior ejerce sus funciones básicas en un campo de relaciones recíprocas, cada vez más complejas, que se dan entre las instituciones y los organismos públicos y privados. Esta situación obliga a que dichas funciones se formulen sobre nuevas bases operativas que deben ser adecuadas a las necesidades de una sociedad en desarrollo. Por ello, la planeación de la educación superior, para racionalizar y optimizar el funcionamiento de un sistema integrado por unidades heterogéneas, deberá identificar las tendencias, las relaciones, las limitantes, las necesidades, los recursos y las opciones que tienen las instituciones, con el fin de que ellas participen eficientemente en el proceso de cambio económico, social, político y cultural requerido por el desarrollo nacional.

c) Areas formativas.

La educación superior mexicana, al igual que otros sistemas educativos avanzados, es completa. Su naturaleza y funciones le permiten organizarse en tres áreas formativas principales: la científica, la tecnológica y la humanística. Las experiencias de la sociedad y los conocimientos se ordenan y transmiten curricularmente mediante planes de estudio, metodologías y carreras que imparten sus instituciones. No obstante estas características, el desarrollo armónico y equilibrado de las tres áreas fundamentales constituye un paradigma de organización y funcionamiento institucional al cual se aspira en todos los países modernos.

El área formativa de la enseñanza científica tiene como objetivo transmitir, producir y desarrollar conocimientos racionales, demostrados y verificables, que permitan explicar la realidad. La finalidad de la ciencia y de su enseñanza consiste, principalmente, en utilizar el conocimiento de las leyes de la naturaleza y del desarrollo social en beneficio del hombre y de la comunidad en que él se desenvuelve. Sin embargo, la autonomía de la ciencia es relativa. Su finalidad principal está relacionada con la tecnología, proceso complejo de interacción de la ciencia que abarca la investigación pura y aplicada, la elaboración y empleo de procedimientos teóricos o prácticos dirigidos a la producción y el dominio de todos los medios materiales de trabajo. Debido a este entrelazamiento, el área tecnológica es común a las universidades y a los institutos especializados en este campo.

La interacción de la ciencia y la tecnología, en la época actual, conduce al cuestionamiento de una educación puramente científica o humanística o de una preparación excluyentemente tecnológica. Por otra parte, dicha interacción contribuye, de manera inevitable, a conformar el nuevo sentido del humanismo contemporáneo que, enraizado en los más firmes valores de la cultura universal, busca el descubrimiento y realización de nuevos valores fundados en la racionalidad de la ciencia y en las posibilidades de la tecnología. Esta característica es válida para que el área de formación humanística tienda a una mayor vinculación con el perfeccionamiento y universalización de la ciencia y la tecnología. Partiendo de esta base, las disciplinas humanísticas impartidas en las instituciones de educación superior contribuirán a cumplir el fin más elevado y revolucionario de la educación: superar las distintas formas de alienación del ser humano y crear condiciones para el ejercicio pleno de sus atributos personales.

La aspiración de integrar el saber para que la ciencia, la tecnología y la producción formen una unidad, surge de las necesidades del desarrollo económico-social. En esta aspiración la tecnología juega un papel insustituible. Sus avances han abierto nuevas posibilidades a la investigación y a la enseñanza de la ciencia, para multiplicar exponencialmente la producción de bienes y para mejorar de manera global la extensión y rendimiento de los servicios que genera y utiliza la sociedad.

No obstante que la tecnología depende del rumbo marcado por la extensión y profundidad de los cambios operados en el proceso productivo y económico, para ser socialmente efectiva requiere de las instituciones de educación superior. Si la planeación educativa -en lo que le corresponde- debe contribuir a resolver las necesidades del desarrollo económico y social del país, tendrá que destacar, necesariamente, la importancia de la enseñanza tecnológica. Consecuentemente, la planeación de este nivel educativo deberá evaluar, con todo rigor, las prioridades del desarrollo nacional. Así, buscando el equilibrio deseado en el desarrollo y funcionamiento de las tres áreas formativas, podrán precisarse los objetivos, las metas y posibilidades de los tipos de enseñanza que requiere el país.

d) Sus objetivos

Los cambios buscados y previstos por la planeación del sistema de educación superior se orientan al logro de objetivos claramente definidos. Debido a su importancia, se ha hecho mención de ellos en los apartados que tratan de la naturaleza, las funciones y las áreas formativas de la educación superior.

En otros términos, lo que puede hacerse en materia de planeación de la educación superior se relaciona estrechamente con el logro de determinados objetivos que varían por su extensión, por su inmediatez y por su permanencia. No obstante la preocupación por definirlos, usualmente se identifican como objetivos, algunos aspectos que no se distinguen con claridad de las funciones básicas de la educación superior, como se percibe en las proposiciones que siguen:

  • formación de profesionales en los diversos campos del saber, la ciencia y la técnica, capaces de servir a su comunidad con eficiencia y responsabilidad;

  • ejercicio de la investigación como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una acción orientada a la solución, en diversos órdenes, de problemas nacionales, regionales y locales;

  • extensión de los beneficios de la educación superior y de la cultura a todos los sectores de la comunidad, con propósitos de integración, superación y transformación de la sociedad.

La relación que existe entre funciones básicas y objetivos de la educación superior -para los fines de la planeación educativa- obliga a distinguirlos conceptualmente. En tal sentido, las funciones básicas, consideradas en sí mismas, son los medios imprescindibles a través de los cuales, y en la medida de sus posibilidades, las instituciones realizan los objetivos de la educación superior.

Sin embargo, para proponer los objetivos de este nivel educativo, además de tomar en cuenta la distinción que antecede, es necesario ubicar el sistema de educación superior en la realidad económico-social del país y precisar el papel que desempeña en su desarrollo histórico. Con este fin pueden señalarse los siguientes aspectos:

  1. Nuestras instituciones de educación superior son parte de la formación social mexicana y, en su conjunto, constituyen un sistema superestructural requerido y necesario para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad;

  2. Nuestro sistema de educación superior, si bien se relaciona con el sistema productivo y la estructura social en México, todavía no se ha adecuado completamente a los requerimientos concretos de los sectores productivos y a las necesidades de los distintos sectores sociales para acelerar el desarrollo de una educación nacional, científica y democrática;

  3. La educación superior mexicana se sostiene y desarrolla como una función específica de la política estatal destinada a lograr el sustento científico y tecnológico del país. Se le concede financiamiento público casi total, se le otorga capacidad legal para formar recursos humanos altamente calificados y, en última instancia, el Estado -que representa y dirige a la sociedad mexicana- protege al sistema de educación superior con medidas políticas y jurídicas para que sus instituciones cumplan sus funciones básicas, desarrollen sus áreas formativas y realicen los objetivos de la educación superior.

Estos aspectos determinan que los objetivos de la educación superior deben reflejar los intereses nacionales sustentados en nuestras propias características y circunstancias históricas. Consecuentemente, el sistema de educación superior ha sido creado y se desarrolla para cumplir los siguientes objetivos:

  1. Ser un componente esencial y permanente del desarrollo y la independencia de la sociedad mexicana.

  2. Participar eficientemente en el fortalecimiento de la capacidad nacional para asimilar y producir avances científicos, tecnológicos y de otro tipo e incorporarlos al desarrollo del país.

  3. Contribuir al incremento de la producción en sus diversos sectores, a la explotación adecuada de los recursos naturales, al logro de una justa distribución de la riqueza y a la elevación de los niveles de vida de la población.

  4. Coadyuvar activamente en la extensión de los servicios educativos, sociales y asistenciales con el fin de realizar el desarrollo integral y humanizado del individuo, sobre bases efectivas de libertad, seguridad y solidaridad social.

  5. Comprometerse, sin limitación alguna, en la conformación de una auténtica conciencia cívica para asegurar la participación democrática del ciudadano en las decisiones públicas.

  6. Participar en la transformación de la sociedad actual para que el país, manteniendo su carácter nacional en la convivencia y las relaciones internacionales, se adapte a los cambios que se operen en nuestra época y a los que impondrá el futuro.

Los objetivos que preceden son inherentes a la educación superior mexicana y su logro es responsabilidad de las instituciones que integran su sistema. Desde este punto de vista, deberán servir de marco de referencia para identificar y definir los objetivos propios de la planeación de este nivel educativo, de tal modo que el trazado y la realización de estos últimos corresponderán a los organismos e instancias que prevé el modelo del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior.

e) Sus condiciones

Para preservar la naturaleza de la educación superior, mejorar el cumplimiento de sus funciones básicas, desarrollar sus áreas formativas y lograr sus objetivos que reflejan los intereses nacionales, es pertinente hacer referencia a aquellas condiciones que son necesarias para el funcionamiento y la planeación permanente de este nivel educativo.

La primera condición es su estabilidad; es decir, el sistema en su conjunto y las instituciones de educación superior en particular, requieren de un marco jurídico-político y de mecanismos sociales que garanticen la preservación de su naturaleza y su funcionamiento. Estos factores son esenciales para que las instituciones de educación superior participen críticamente en el análisis y conocimiento de los problemas económicos, sociales, políticos y culturales que enfrenta la sociedad.

El papel crítico que asumen las instituciones es una consecuencia del desarrollo histórico-social y se expresa en la generación de ciencia e ideología; es decir, en la producción y difusión tanto de conocimientos objetivos, como de representaciones, ideas y valores con que se analizan las relaciones internas y externas de la sociedad mexicana.

Esta característica del papel desempeñado por las instituciones de enseñanza superior implica que su planeación -para ser integral, continua y operativa- tiene que partir del reconocimiento de un hecho fundamental y plenamente justificado: la participación crítica de nuestras instituciones en la vida nacional como un componente del cambio social.

En tal sentido, la condición de su estabilidad trasciende los límites meramente formales del régimen legal, puesto que se extiende a la seguridad efectiva de permanencia de las instituciones de educación superior, preservándolas de injerencias perturbadoras.

Otras de las condiciones esenciales para el funcionamiento y planeación de las instituciones, y del sistema en su conjunto, es su financiamiento adecuado y suficiente. El soporte económico de la educación superior no debe ser considerado como un puro mecanismo de asignación de subsidios, sino como el medio permanente del Estado para atender una de sus misiones más altas: educar a la sociedad que representa. Sin embargo, es oportuno referirse a la necesidad que tienen las instituciones de educación superior de buscar nuevas fuentes de ingresos, con el fin de ampliar sus recursos económicos o de sugerirle estrategias al Estado. Ante tal situación, el Sistema Nacional de Planeación Permanente tendrá mucho que hacer para establecer criterios que permitan racionalizar la asignación de recursos, optimizar el empleo de los mismos y programar los gastos e inversiones que requieren las instituciones de educación superior.

A las condiciones de estabilidad, de desarrollo de la función crítica y de incremento al financiamiento, deben agregarse otras que, sin ser esenciales, tienen gran importancia para la planeación de la educación superior. Entre ellas destaca la de establecer acuerdos voluntarios y participativos de las instituciones autónomas por definir políticas generales que permitan formular estrategias operativas conducentes al logro de metas y objetivos concretos. Otra condición, relacionada con la anterior, es la creación de organismos, instancias y mecanismos requeridos para tomar decisiones y pasar del nivel positivo a las acciones programadas que determinen el desarrollo y evaluación del proceso de planeación. Del cumplimiento de estas condiciones dependerá el funcionamiento de un sistema consistente y articulado, dinámico y autosuficiente, para superar las contingencias del desarrollo desigual de las instituciones y coordinarlo con los requerimientos del desarrollo global del país.

Con la planeación permanente como instrumento eficaz para el mejoramiento de sus funciones y el logro de sus objetivos, las instituciones de educación superior contarán con medios adecuados para innovarse continuamente, lo cual significa que además de preparar el cambio institucional, deberán producirlo y darle soporte de acuerdo con los requerimientos y posibilidades de cada región y de la nación en su conjunto. Esta es la finalidad que se persigue al crear el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior.

2. EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION SUPERIOR

En el sistema nacional de educación, la superior se imparte por instituciones públicas estatales y autónomas, y privadas libres e incorporadas; el conjunto suele dividirse en dos grandes sectores: el universitario y el técnico; las hay desde aquellas que ofrecen sólo una carrera de estudios profesionales, hasta las que cuenta con 40 o más en diversas áreas; unas instituciones tienen menos de 1,000 alumnos, en tanto que otras registran más de 100,000 y la más grande llega a los 250,000; en la mayoría se imparten estudios de nivel medio superior y licenciatura, y muy pocas ofrecen el de posgrado. El número de instituciones crece cada año y en la mayor parte también aumentan los servicios, el profesorado y la población escolar. En 1976-1977 se registró un total de 526,504 alumnos en licenciatura, y se estima que en el ciclo escolar 1977-1978 esta cifra habrá crecido en unos 100,000 alumnos más, de acuerdo con la tasa de incremento de la población escolar de este nivel, identificada en un 15 a 18% anual. Algo semejante ocurre con la población escolar del estrato medio superior, calculada aproximadamente en 80,000 estudiantes para el último periodo lectivo mencionado. Este aumento de población escolar en los niveles medio superior y superior se produce, entre otras razones, por el insuficiente número de opciones y plazas en estudios terminales para los estudiantes que terminan el nivel secundario.

El incremento de estudiantes de nivel superior muestra, sin duda, un aspecto positivo en el desarrollo del país, en la medida en que se integra una población cada vez mayor a estudios superiores, pero exige también un esfuerzo global para analizar y prever, desde ahora, sus efectos en un sistema educativo sometido a un crecimiento compulsivo, y su relación con la calidad de la educación, las necesidades nacionales y la oferta de empleo. En relación a este último fenómeno, puede decirse que la educación superior ha venido funcionando como un paliativo, no siempre conveniente, ante el serio problema de desempleo que enfrenta nuestra sociedad.


Población escolar y su distribución geográfica

La educación superior incide notablemente en la sociedad, pero al mismo tiempo es condicionada por ésta, y refleja, en gran medida, la situación imperante en el contexto sociocultural del que forma parte, como lo testimonian algunas cifras básicas. Por la distribución geográfica de la matrícula, aproximadamente un 45% de la población escolar está ubicada en el Distrito Federal y el 55% en el resto de las entidades federativas; en los último diez años se han realizado esfuerzos por descentralizar los servicios de la educación superior, pero sólo se ha logrado invertir estos porcentajes, esto es, anteriormente el mayor porcentaje se ubicada en el Distrito Federal; sin embargo, esta situación se explica si se toma en cuenta el fenómeno general de centralización que padece el país. El problema puede contemplarse en toda su gravedad si a la población escolar del Distrito Federal se añade la de dos entidades federativas, cuyas capitales son indiscutibles polos de desarrollo: Nuevo León y Jalisco; en las tres se concentra el 65% de toda la población escolar de nivel superior. Es oportuno mencionar aquí, a reserva de precisar algunas cuestiones más adelante, que aún no se tiene una correlación entre los servicios y los recursos económicos disponibles, que refleje equidad entre el centro y los Estados de la República.

En la actualidad operan más de 250 instituciones de educación superior, y la cifra continúa aumentando. La mayoría son públicas (universidades autónomas y estatales, instituciones técnicas y agropecuarias dependientes de la SEP, de otras Secretarías de Estado y de las entidades federativas), que se complementan con unas 110 privadas. Sin embargo, la distribución de la población escolar indica un porcentaje notoriamente mayor en las primeras, a las que corresponde aproximadamente un 86%, y 14% a las privadas, situación que con pocas diferencias se ha mantenido en los últimos años. Esta circunstancia puede explicarse si se considera que la política educativa del Estado se orienta a la ampliación de oportunidades de educación para todos los mexicanos; por otra parte, y tomando en cuenta que como resultado de esta política educativa la población escolar aumenta en los ciclos de educación primaria y secundaria, el efecto se deja sentir en la demanda de ingreso, cada vez mayor, a los niveles medio superior y superior, situación que se refleja en la tasa anual de incremento señalada antes, que corresponde fundamentalmente a las instituciones públicas, y entre éstas con índices más acusados, a las universidades. En general, puede afirmarse que la cifra total de población escolar atendida en los niveles medio superior y superior, duplicada en los últimos cinco años, es resultado directo de la posición adoptada por todas las instituciones públicas, de satisfacer en la medida posible la demanda social de educación en los niveles señalados.

Población escolar y áreas de estudio

La composición de la población escolar de nivel licenciatura, por áreas de estudio, puede considerarse en cierta forma como un resultado de la creciente demanda de ingreso antes señalada; en este sentido, la orientación de la matrícula revela el especial interés de la población escolar por ciertos estudios profesionales, situación que puede no corresponder necesariamente a las urgencias de un país en proceso de desarrollo. Del total de estudiantes registrados en el nivel de licenciatura en el ciclo escolar 1976-1977, el 33% correspondió a las carreras del área de ciencias sociales y administración; frente a este porcentaje resultó menor el del área de ingeniería y ecología: 30%; mientras que el de las carreras del área de salud fue de 22%, y sólo en medicina se registró el 16%. El resto se distribuyó entre las áreas agropecuarias, de ciencias exactas y naturales y de humanidades, en este orden.

El comportamiento de la matrícula revela, por una parte, la inclinación de la demanda social de educación superior; pero al mismo tiempo muestra concentración de población escolar en determinadas áreas que seguramente es resultado de inercias sociales y prestigio de las profesiones, y no propiamente de un verdadero conocimiento de la oferta educativa y de la importancia de ciertas carreras para el desarrollo nacional. De aquí se desprende la necesidad de proyectar a todo el sistema programas de orientación vocacional y de información profesiográfica, que permitan una mejor selección de matrícula, acorde con los objetivos de la planeación educativa.

Estudios de posgrado

La distribución de los estudios de posgrado y su matrícula, incrementada notablemente en los últimos años, muestran por una parte los esfuerzos de las instituciones para desarrollar este tipo de estudio, pero también revelan condiciones semejantes a los cursos de licenciatura. De 6,345 alumnos inscritos para el año escolar 19701971, se llega a 23,585 en 1976-1977, crecimiento que responde a una tasa media anual de 24.5%. Aquí también se presenta el problema de la concentración, pero en forma más acentuada, pues las instituciones del Distrito Federal reúnen, en el ciclo lectivo que se acaba de citar, un 77.4% de la población registrada en todo el país. Utilizando el procedimiento que se manejó con los estudios de licenciatura, se llega a una concentración del 95 % en estudios de posgrado en las mismas tres entidades federativas: Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco. Aquí cabe señalar que mientras en el nivel licenciatura se ha logrado establecer la tendencia a la desconcentración, en el posgrado se observa una situación contraria.

Los estudios de posgrado se integran en una gran diversidad de especialidades; del total de éstas, un 60% corresponde a las áreas de ciencias biomédicas, ciencias sociales e ingeniería, y un 9% al área de administración; sin embargo, mientras aquéllas tienen sólo el 50% de la matrícula, esta última absorbe el 30% de la población escolar.

Es pertinente señalar que los estudios de posgrado, con un incremento muy importante en los últimos años, han recibido especial atención de parte de universidades e instituciones de educación superior de varias entidades federativas; sin embargo, la capacidad instalada y la disponibilidad de recursos humanos de alto nivel son factores que inciden a nivel institucional en el ritmo de crecimiento de este tipo de estudios, continuándose así un proceso de concentración que sólo podrá corregirse mediante programas especiales orientados a tal propósito, a través de los cuales se llegue no sólo a la desconcentración de los recursos, sino también a la de la calidad de la educación. Una aspiración de nuestro sistema, entre otras, debiera ser la multiplicación a lo largo del país de instituciones con el prestigio de El Colegio de México y el INAOE, por ejemplo.

Relación entre ingreso y egreso

De continuar en los próximos años el mismo incremento de la población escolar, para el ciclo 1982-1983 se habrá duplicado la población de bachillerato y licenciatura, llegándose a cifras de 1.600,000 Y 1.200,000 alumnos respectivamente, y además se habrá casi triplicado la población escolar de posgrado, que será da 70,500 alumnos aproximadamente.

La confrontación de las cifras de primer ingreso a licenciatura y las de egresados, muestra que, hasta fecha reciente, 50 de cada 100 estudiantes terminaban sus estudios profesionales. La tendencia revela un aumento en este porcentaje (en los últimos seis años llegó a ser del 57% ), lo cual significa que se ha mejorado la eficiencia terminal. No obstante, no se conocen con precisión las cifras por área o carrera, ni las razones por las que se abandonan o interrumpen los estudios; sin embargo, se sabe que la capacidad individual y los conocimientos que poseen los alumnos desde los ciclos anteriores, tienen mucho que ver.

En un trabajo de 1974, la ANUIES ofreció algunos datos, por áreas o conjuntos de carreras, de la disminución de población escolar entre el primer y tercer año de estudios. En el área de Ciencias Naturales y Exactas, con menor población escolar, se presentaron los índices más altos de reducción de población: 55% en Matemáticas y 50% en Física; por el contrario, en el área de Ciencias Sociales y Administrativas, con la mayor concentración de población escolar, se vieron las menores cifras de decremento entre primer y tercer año de estudios; sólo como ejemplo, conviene citar el caso de la carrera de Derecho que disminuyó su población en un 16.7% en su paso de primero a segundo año, y de 8.2% de éste a tercero (datos para el año escolar 1970-1971).

Sin embargo, esta información no proporciona suficientes elementos de juicio para evaluar las diferentes condiciones en que se produce esta disminución de población escolar por carrera, cuyos resultados finales, para todo el sistema, se traducen en la terminación de un 50%, o un poco más, de la población que ingresó al primer año de estudios. Un análisis riguroso sobre la educación superior requiere conocer las circunstancias académicas prevalecientes, las características socioeconómicas y culturales del estudiantado, y en general la capacidad de las instituciones para generar su propia evaluación.

Servicios estudiantiles

Esta carencia de información sobre las condiciones del estudiante nos conduce a otro problema del sistema de educación superior, y que se refiere a la poca o nula atención que se presta a lo que en términos generales puede denominarse "servicios estudiantiles". Bajo este rubro se agrupan actividades que van desde servicios médicos, sociales y culturales, hasta bolsas de trabajo para egresados, así como actividades deportivas, sobre lo que se hace mención especial en otra parte de este documento. Esto se traduce en una comunicación precaria entre el estudiante y su institución, reducida a la que puede darse entre maestro y alumnos, en condiciones más difíciles a medida que aumenta la población escolar.

Aspectos curriculares

Los planes y programas de estudio se han sometido a modificaciones y cambios, que responden en ocasiones a las propuestas de los consejos técnicos en función de necesidades de tipo académico, o bien a las transformaciones que se van operando en el trabajo profesional y en el mercado ocupacional. La situación no es similar para todas las carreras, por lo que en algunas subsisten planes y programas de estudio desde hace varios años, mientras que en otras los cambios se suceden, aunque algunas veces a un nuevo plan no le antecede la evaluación del anterior. De todas formas, esta secuencia de cambios en planes y programas de estudio permite entrever la preocupación de directivos y docentes para adecuar la enseñanza superior a las necesidades del presente. Es indudable que se requiere una mayor sistematización en el análisis y el trabajo colegiado de la comunidad institucional, para alcanzar mejores resultados en la organización académica, la identificación de objetivos y la concordancia de planes y programas de estudio con base en la ampliación de los conocimientos y de acuerdo con las transformaciones del mercado ocupacional y las necesidades de desarrollo regional y nacional.

Administración académica

Los servicios de docencia se integran en ciclos lectivos anuales, semestrales, y aun tetramestrales, pero los más comunes son los dos primeros. Las propias instituciones de educación superior e investigación científica y humanística establecieron la conveniencia de los ciclos lectivos semestrales sobre las anualidades escolares, como medio para propiciar la renovación en la enseñanza y en los sistemas de evaluación. Los cambios no han sido en todas las carreras y en todas las instituciones, y por esto todavía coexisten el ciclo anual y el semestral, aunque la tendencia es hacia la generalización de este último. También se inició el sistema de créditos académicos, pero no se adoptó en todas las casas de estudios.

La consecuencia de tal variedad de respuestas institucionales sobre éstos y otros aspectos de la educación superior, se deja ver en la diversidad de estructuras académicas, formas de organización y evaluación de las actividades de enseñanza, duración de las carreras y procedimientos para la titulación. Aunque esta diversidad es en cierta medida consecuencia del número tan grande de instituciones de educación superior, y en sí misma no debe contemplarse como algo negativo, es pertinente concebir como meta deseable la integración de todas ellas en un verdadero sistema, dentro del cual puedan operarse determinados procedimientos unificados en aspectos académicos y administrativos, como son: la revalidación de estudios, el cambio de una a otra institución, los créditos académicos, los ciclos lectivos, los mecanismos de evaluación, el reconocimiento de validez oficial, y en general todo aquello que corresponde a la organización académica y a la relación interinstitucional de las casas de estudios superiores.

Función docente

A medida que se extienden los servicios de las instituciones de educación superior e investigación científica y humanística, por el crecimiento de su población escolar, han aumentado también las necesidades de una planta docente cada vez mayor, de instalaciones físicas y de recursos económicos y materiales más amplios.

En 1976-1977, más de 45,000 profesores atendieron el nivel superior; y de ellos aproximadamente una sexta parte fue de tiempo completo. Esta planta docente ha ido conformándose de acuerdo con los requerimientos de las instituciones, pero no siempre ha sido posible reclutar personal calificado, debiéndose incorporar a profesionales de reciente egreso y otros que carecían igualmente de preparación para la docencia. Las dimensiones del problema llevaron al reconocimiento de esta situación, generándose en la ANUIES el Programa Nacional de Formación de Profesores, orientado a la preparación de nuevo personal docente y a la capacitación del que ya estaba en servicio. Mediante esta actividad, la cual fue extendiéndose a todas las instituciones, pudo atenderse en los últimos años a más de 20,000 maestros a través de cursos intensivos de corta duración, multiplicados en todo el país, así como con becas para realizar estudios de posgrado. También se propició la creación de centros de didáctica en varias universidades e institutos, con el propósito de que surgiera en ellos la capacidad necesaria a nivel institucional para atender a la preparación y capacitación de sus propios profesores. Las actividades anteriores se han visto reforzadas con la publicación de una veintena de títulos en disciplinas específicas, dentro del programa editorial de la ANUIES en los últimos dos años.

Conjuntamente se desarrollaron nuevas metodologías para la docencia y en general se incrementó el ejercicio de nuevas tecnologías de enseñanza, promoviéndose la participación de los mismos profesores en estas tareas, e impulsando el apoyo de las instituciones con mayores recursos docentes hacia las que carecían de la capacidad inicial para formar a su propio personal. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo realizado por todas las instituciones de educación superior e investigación científica y humanística, la formación y capacitación de profesores continúa siendo uno de los principales problemas de la educación superior, pues prevalecen todavía las tradicionales formas de transmisión del conocimiento que, además de limitar las posibilidades del aprendizaje, dan lugar a actitudes pasivas en el estudiante, las cuales se reflejan en su actividad profesional. Además, el aumento del número de profesores cada año, que ingresan a la docencia con mínima preparación especial, reduce en cierta forma la eficacia de cursos y seminarios que se imparten a un insuficiente número de maestros, si se toma en cuenta el tamaño de la planta docente a nivel nacional.

En otro aspecto del problema, existe la tendencia a considerar que el aumento de profesores de tiempo completo garantiza el mejoramiento de la docencia; esto sin tomar en cuenta que se requiere una serie de condiciones, académicas y administrativas, para la obtención de este mejoramiento. En efecto, la falta de una reglamentación que fije cargas de trabajo, responsabilidades y compromisos a profesores que deben dedicar su tiempo a la institución, anula cualquier posibilidad de cambio aun cuando se trate de docentes de alto nivel académico. El resultado, en la práctica, se ha traducido en un encarecimiento de los servicios docentes, mientras continúa el ejercicio tradicional de una enseñanza que no se renueva en sus metodologías y en las formas de participación del estudiante en su propia formación. En las tareas de planeación educativa el mejoramiento de la enseñanza debe contemplarse como uno de los objetivos primordiales. La interdisciplinariedad en contenidos y planes y programas, así como en la formación de profesores, merece estudiarse como una parte importante de los aspectos cualitativos de la planeación.

Estado de la investigación

La investigación es, con la docencia y la difusión de la cultura, una de las tres funciones asignadas a las instituciones de educación superior, aunque en la práctica muy pocas la realizan. A nivel nacional se cuenta con investigación a muy pequeña escala, y corresponde a unas pocas instituciones educativas la ejecución del mayor porcentaje, situación en la que se revela también una gran concentración de recursos humanos calificados y capacidad instalada para las tareas de investigación. En efecto, las grandes instituciones del Distrito Federal y unas pocas de las entidades federativas cuentan con la mayoría de los investigadores y los recursos financieros.

Por otra parte, la investigación está poco relacionada con la docencia y en general los planes y programas de estudios no incluyen este tipo de actividades; esto explica que sea tan escasa su influencia en la formación de educandos. En cierta medida la deficiencia habría que atribuirla al número reducido de investigadores en la mayoría de las casas de estudios, pero quizá la razón principal se encuentra en la concepción de los programas, integrados en su mayor parte con enseñanzas teóricas y prácticas en las que se comprueba o experimenta lo enseñado en el aula, pero sin propiciar en los procesos de enseñanza las posibilidades de extender o ampliar el conocimiento.

Además, cuando una institución realiza investigación, no sólo no se coordina con otras instituciones para integrar esfuerzos con proyectos comunes, sino que entre ellas no fluye siquiera información útil para evitar duplicaciones o para continuar etapas posteriores de investigaciones ya concluidas. En general, el porcentaje dedicado a la investigación en los presupuestos institucionales es extremadamente reducido, y si bien se había venido observando una tendencia de disminución frente a las exigencias de la docencia, programas especiales operados en este año han permitido elevar en cierta medida este porcentaje. Por otra parte, es frecuente que los proyectos de investigación se generen, y aun se lleven a la práctica, gracias al impulso personal de uno o más investigadores que suplen de esta manera la carencia de una política institucional de investigación, la que a su vez deriva de la compleja situación de las casas de estudios, sometidas año con año a resolver los problemas más inmediatos como lo son la satisfacción de la creciente demanda social de educación y sus consecuencias en la multiplicación de la planta docente, aulas e instalaciones.

En relación a las áreas de investigación que más atención reciben en las instituciones de educación superior, podría afirmarse que se atiende preferentemente las de ciencias naturales, ingeniería y tecnología agropecuaria, y en segundo término las áreas histórico-sociales y administrativas, y las humanidades.

El impulso a la investigación se dará en la medida en que se logre la formación de posgraduados e investigadores, al tiempo que se puedan establecer mejores condiciones para el trabajo académico, desde los emolumentos que garanticen su permanencia en las instituciones, particularmente en el campo de la investigación, hasta las instalaciones y laboratorios, todo como parte de un amplio programa de apoyo federal y estatal para el logro de estos fines. Los actuales programas de becas para estudios de posgrado tendrán sin duda una positiva repercusión en el desarrollo de la investigación dentro de las instituciones de educación superior.

Difusión cultural y actividades recreativas

Si la investigación es reducida frente a la dimensión de las actividades docentes, algo semejante ocurre con la difusión cultural. En primer lugar, se concibe como un conjunto de actividades artísticas y muy raramente como difusión del conocimiento; pero además se programa, dentro de las tradicionales carencias presupuestales, como un beneficio dirigido a la comunidad, que llega en acciones aisladas y condicionadas a posibilidades de circunstancia, por lo que es frecuente que no alcancen siquiera a los miembros de la propia institución (profesores, alumnos y trabajadores) y externamente sólo llegan a núcleos pequeños de población. Se ha carecido de amplios programas para la difusión cultural y la difusión del conocimiento; ha faltado el apoyo para la conservación y el desenvolvimiento de las culturas autóctonas y a menudo se ha propiciado la expansión de lo que se ha denominado "cultura comercializada". En general, puede afirmarse que a nivel nacional no se difunden de manera suficiente los resultados del trabajo educativo y de la creación cultural y científica de las instituciones de educación superior.

En el aspecto deportivo, son más las instituciones que carecen de lo más elemental, que aquellas que pueden proporcionar a su alumnado la posibilidad de practicar algún deporte; lo que explica los pocos eventos deportivos estudiantiles a nivel local, regional y nacional.

Instalaciones para la docencia y la investigación

En relación con la capacidad instalada, ésta presenta condiciones que han superado las que prevalecieron hasta hace uno o dos lustros. En fecha reciente se dio un notable impulso al renglón de construcciones y equipo, substituyéndose edificios viejos, rentados o propios, por instalaciones nuevas concebidas especialmente para la docencia; y en varias instituciones se construyó íntegro el conjunto de edificios que albergan a todas sus dependencias o la mayor parte de ellas, incluyendo talleres y laboratorios. Pero a pesar de todo no puede afirmarse que se hayan satisfecho en su totalidad los requerimientos de planta física; por otra parte, se desconoce la dimensión de ésta al no contarse con un inventario institucional y nacional de recursos, y también se desconoce la forma de utilización de cada edificio, para precisar si están sometidos a un exceso de ocupación, o si por el contrario están siendo subutilizados.

Algo semejante ocurre con los talleres y laboratorios, cuyo inventario permitirá conocer las necesidades de las instituciones de educación superior en ese renglón.

Las bibliotecas, ligadas estrechamente con la docencia y la investigación, no han recibido la atención que merecen, y salvo pocas excepciones, en todo el sistema de educación superior se carece de servicios bibliotecarios y de información acordes con el alto desarrollo que ha tenido esta especialidad en los últimos tiempos. Se carece, en general, de personal especializado que preste todos los servicios que corresponden a las bibliotecas o centros de información y los acervos bibliográficos son insuficientes y no actualizados. Una renovación de la enseñanza, mediante programas de formación de profesores y actualización de sus metodologías de trabajo, deberá tomar en cuenta prioritariamente los servicios bibliotecarios y de información. Al respecto, es necesario citar el esfuerzo iniciado recientemente por las universidades de Guanajuato y Autónoma de Nuevo León, consistente en la creación de maestrías en bibliotecología y disciplinas afines.

Financiamiento y empleo de recursos

Las instituciones de educación superior que dependen directamente del Gobierno Federal reciben de éste los recursos económicos para su operación pero las universidades autónomas (con excepción de la UNAM y la UAM por encontrarse ubicadas en el Distrito Federal), y las denominadas estatales, por depender del gobierno de la entidad, se apoyan económicamente tanto en las aportaciones del Gobierno Federal como en las de los gobiernos de los Estados, y complementariamente en los recursos propios que generan las instituciones por los servicios que ofrecen; pero en la mayor parte de los casos estos recursos propios son reducidos y los subsidios del sector público representan casi la totalidad del gasto, ya que las cuotas de inscripción y las colegiaturas, conforme a una política practicada desde hace mucho por motivos de interés social, deben ser bajas. Otro aspecto importante que debe señalarse en el problema del financiamiento se desprende de la concentración de los servicios educativos, que ha traído como consecuencia la acumulación de recursos en el Distrito Federal.

Sin embargo, la concentración aludida no justifica del todo la inequidad que existe en la asignación de subsidios a las instituciones de los Estados, pues si bien es cierto que la investigación y diversos servicios de apoyo están centralizados, también lo es que los centros de educación de los Estados atienden un porcentaje mayor de la población escolar que realiza estudios a nivel superior.

De lo anterior se desprende que el financiamiento de la educación superior es uno de los problemas más importantes a resolver, y que requiere de un análisis riguroso para establecer las vías más adecuadas para la consolidación económica de un sistema en expansión. Deben considerarse no sólo los aspectos relativos a los recursos económicos y su incremento, sino también los referentes a la racionalización del gasto y a los criterios y procedimientos para la asignación de fondos, y su relación con los programas de planeación de la educación superior. En este sentido vale la pena insistir en lo necesario que es poner en marcha procedimientos que aseguren la oportuna disponibilidad de los recursos asignados a las instituciones, pues son muchos los problemas que tienen su origen en el tiempo que pasa entre la autorización y la disponibilidad de los fondos.

En síntesis, de las carencias económicas se han derivado otras que determinan las características de las instituciones, y si bien la solución económica no trae consigo las soluciones de carácter estrictamente académico, éstas no se lograrán sin aquéllas.

En estrecha relación con el financiamiento deben contemplarse la estructura presupuestal y la organización administrativa tanto de las instituciones educativas como de los organismos públicos que interactúan. Si bien en lo académico hay mucho por hacer, los esfuerzos de años recientes apuntan soluciones y acciones concretas que deberán reafirmarse y ampliarse en el futuro; sin embargo, en lo administrativo subsisten formas tradicionales y centralizadas (que se dan por igual en casi todos los organismos públicos y privados) que han impedido alcanzar una utilización óptima de los recursos, lo que en la mayoría de los casos ha impedido que se logre una cabal coordinación de las actividades que conforman la estructura institucional. El cumplimiento de las funciones básicas de la educación superior depende en buena medida de la organización administrativa, y la mayor asignación de recursos conlleva la necesidad de contar con la eficiencia interna administrativa que garantice la realización de las tareas de docencia, investigación y difusión de la cultura.

Al mejoramiento de la organización administrativa antes aludido, las instituciones de educación superior habrán de añadir esfuerzos que conduzcan a una mayor disposición de recursos económicos. Entre estos esfuerzos deben incluirse no sólo los que repercutirán directamente en los centros educativos, sino también aquellos que orienten y sirvan al Estado para lograr una mayor captación, que no necesariamente tendrá que darse por vía fiscal.

Legislación y relaciones con el contexto social

Los problemas y situaciones hasta ahora mencionados se presentan sin que se cuente con una legislación general apropiada. La falta de normas jurídicas ha propiciado un funcionamiento del sistema en condiciones no siempre adecuadas. Como ejemplos de estas condiciones pueden señalarse: la falta de mecanismos para efectuar una planeación integral del sistema de educación superior; la diversidad de criterios en relación a la manera de tratar los problemas laborales que se presentan en las universidades autónomas; la imprecisión al definir el concepto de autonomía universitaria y, por tanto, la confusión en cuanto a sus implicaciones; por último, la disparidad entre instituciones en lo que hace a cuestiones de tipo académico-administrativo, como la revalidación, reconocimiento y acreditación de estudios.

Es evidente que estos asuntos, y muchos más, podrían ser objeto de tratamiento jurídico a través de diversos medios e instancias que irían desde la firma de convenios interinstitucionales hasta la eventual enmienda de algún artículo de la Constitución.

En la actualidad no se pone en duda que la educación superior debe responder a los requerimientos del contexto social, económico y político del país. Sin embargo, la eficiencia externa del sistema educativo de este nivel se ve limitada por su escasa vinculación con los propósitos y necesidades nacionales. De todas formas, el sistema educativo superior corresponde en cierto modo a las condiciones imperantes en un modelo de desarrollo que se basa fundamentalmente en la reproducción de tecnología extranjera y en la prestación de servicios. La vinculación con el sector externo se limita a programas de reducida proyección, y en general se carece de proyectos específicos que vinculen las tareas académicas y de investigación con la demanda nacional de recursos humanos; pero es necesario precisar que no se dispone de suficiente información sobre esta demanda, y las dificultades teóricas y metodológicas para superar esta condición no son fáciles de salvar.

En las instituciones de educación superior se genera un sentido crítico sobre los problemas del país, aunque con frecuencia esto no se traduce en análisis que permitan planteamientos operativos, y planes y programas no siempre reflejan este tipo de preocupaciones, limitándose al estudio teórico de los problemas. Otro elemento viene a añadirse en relación con esto, y consiste en la concepción que suele identificar el vínculo que debe existir entre la educación superior y los sectores extraeducativos, en términos de servicio de aquélla para éstos, como si se tratara de una relación unilateral en la que se descarta el posible apoyo que dichos sectores pueden y deben otorgar a la educación superior, lo que en la práctica hace que todo el peso del esfuerzo para este apoyo recaiga en el sector público.

Debido a la poca o nula relación entre el sector educativo y los otros sectores, no existe una clara definición de los valores y principios que deben regir esta relación. Como consecuencia de todo lo anterior, el egresado, que realiza sus estudios profesionales sin este tipo de comunicación al exterior, busca su ubicación y determinados niveles de retribución sin tomar en cuenta la responsabilidad social que implica el haber culminado estudios superiores y obtenido un título.

Por tal motivo, no se podrá prescindir de la participación de las universidades, los institutos tecnológicos y los demás centros de educación e investigación científica y humanística en la tarea de definir los valores y principios antes mencionados.

Como consecuencia de la falta de identificación social de los estudiantes tenemos que a la actitud de servicio a la comunidad se antepone la aspiración al ascenso individual mediante el ejercicio profesional, todo lo cual distorsiona la acción de la educación superior como factor primordial para el desarrollo del país. Esto explica en buena medida las limitaciones de un servicio social orientado, en teoría, a establecer una de las formas de relación más substanciales entre la educación superior y la sociedad, y reducido a la práctica, salvo escasas excepciones, a un simple trámite para obtener el título.

Poco se ha logrado para encauzar esta actividad en su verdadero sentido social de beneficio a la comunidad, y de identificación del egresado con la sociedad, mediante el conocimiento de la realidad nacional y participación en la resolución de sus problemas.

Muchas instituciones de educación superior e investigación científica y humanística, principalmente las oficiales, se han visto afectadas por problemas de tipo laboral. En efecto, de enero de 1975 a la fecha, se han suspendido las actividades en más de 40 ocasiones, en 22 instituciones de educación superior. La libertad del personal universitario para constituir sindicatos y otro tipo de asociaciones con fines de lograr reivindicaciones gremiales constituye un legítimo derecho, mas debe tenerse en cuenta que las instituciones de educación superior también tienen el derecho y la obligación de cumplir con sus funciones primordiales.

La ausencia de una legislación que norme las relaciones laborales de la mayoría de los centros de educación superior con su personal, ha sido invocada como uno de los factores que principalmente inciden en la configuración de esta problemática situación, que repercute en forma lesiva para la vida académica de las instituciones.

Educación superior y empleo

Ya se apuntó anteriormente que el sistema de educación superior ha crecido ininterrumpidamente en los últimos años y seguirá expandiéndose en el futuro. Este crecimiento, si bien se origina como respuesta a la demanda social de educación superior, refleja un marcado desequilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios educativos. Por otra parte, si también puede ser considerado como respuesta a las necesidades de recursos humanos de los sectores productivos y de servicios, no corresponde con el número de empleos que se generan cada año, problema que, según suele afirmarse, es generado por el sector educativo, soslayando que evidentemente es resultado y consecuencia de todo lo que ocurre en el contexto social y económico del país, como lo demuestra el hecho de que el desempleo se produce independientemente del ingreso y el egreso en la educación superior.

En este marco de las interacciones entre la educación superior y el problema del desempleo en México, cabe destacar algunos hechos que seguramente ayudarán a desvanecer la creencia, pues sólo es eso, de que las instituciones de educación superior, por lo abundante de su población, son causa de desempleo. Inicialmente puede afirmarse que ocurre precisamente lo contrario, o sea, que ante la imposibilidad de obtener un empleo decoroso, decenas de miles de jóvenes se han incorporado a la educación superior buscando no sólo una mejor capacitación, sino también una identificación social más decorosa que la del desempleado. Las condiciones económicas de nuestro país, agravadas por una insuficiente inversión privada, han determinado que se acentúe este rol de amortiguador de la presión social que vienen teniendo las instituciones educativas. La diferencia que hay entre el costo que tiene crear un empleo y el que corresponde a crear un lugar en el sistema educativo explica, en parte, el rápido crecimiento de éste. Pero esta tarea de contención no constituye una solución a fondo del problema, ya que sólo es un paliativo temporal que finalmente conduce al subempleo y a un mayor descontento social.

También se ha dicho que el subempleo sólo se da entre egresados de licenciatura, pues lo que el sector productivo requiere son técnicos y obreros especializados. Pero el hecho es que el subempleo también afecta a quienes egresan de este nivel educativo. Las propias organizaciones sindicales determinan buena parte de este fenómeno, ya que mediante el manejo escalafonario de las plazas relegan a los puestos más bajos a quienes apenas se incorporan a los centros de trabajo, independientemente de su competencia o nivel de estudios alcanzado.

De todas formas, y por la incidencia de la demanda social de educación en carreras de corte tradicional, que se comprenden en el sector servicios, acumulando matrícula en determinadas áreas, la educación superior debe aceptar que no corresponde en cierta medida a las necesidades del país, y no dispone de la unidad necesaria para resolver las tendencias de un desarrollo integral.

Planeación de la educación superior

Las universidades e instituciones de educación superior han fijado, en varias ocasiones y a través de las asambleas generales del organismo nacional que las agrupa, políticas y declaraciones en torno a la planeación de la educación superior y sobre los modelos de desarrollo que cada casa de estudios debe proyectar para su futuro a corto y mediano plazo. Si bien se han creado unidades de planeación en buena parte de las instituciones, sólo en unas pocas se ha logrado superar las etapas iniciales para fijar los lineamientos de la planeación institucional. Es pertinente, sin embargo, afirmar que en los últimos años ha estado preparándose personal en diferentes campos de la planeación, por lo que se puede esperar a mediano plazo una mejor capacidad para la realización tanto de programas institucionales como para el desarrollo de tecnologías educativas. Si bien la disponibilidad de personal en este campo ha superado la difícil situación que prevaleció hasta hace algunos años, aún son notorias las carencias al respecto. Por ello, las tareas para formar expertos en planeación han de continuar.

Dentro del esfuerzo para lograr una mayor integración del sistema de educación superior del país, deben inscribirse los programas y convenios interinstitucionales que se han efectuado. A manera de ejemplo pueden citarse los programas y colaboración que realizan la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana; el convenio tripartita para la utilización compartida de un centro de cómputo suscrito por el Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Escuela de Agricultura "Hermanos Escobar", así como los convenios de colaboración interinstitucional que la UNAM ha suscrito en forma bilateral con las universidades de Aguascalientes, Baja California Norte, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

Para apoyarse mutuamente, sobre todo en los aspectos de planeación, han firmado convenios de cooperación las universidades de la región III de la ANUIES, a saber: Aguascalientes, Durango, (Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Por su parte, los institutos tecnológicos regionales han fortalecido en la práctica las ventajas que les ofrece su organización en un subsistema específico. La creación y funcionamiento del CIIDET es un ejemplo concreto.

Frente a los problemas de la educación superior y la etapa de desarrollo y crecimiento que ahora viven las instituciones que la imparten, la formulación de un Plan Nacional de Educación Superior puede contribuir eficazmente a una expansión racional del sistema, acorde con los requerimientos de nuestro país.

La situación de la educación superior en México, descrita muy someramente en las páginas que preceden, no puede calificarse en términos absolutos de triunfalismo o derrotismo. Sí se puede decir, en cambio, que las instituciones educativas han cumplido bien su misión la mayoría de las veces, a pesar de muchas circunstancias adversas que les son ajenas en su origen. También debe decirse que son muchos los problemas por resolver, pero éstos están identificados y ninguna institución soslaya la responsabilidad que le corresponde para resolverlos. Hay la voluntad de hacerlo y la seguridad de que se contará con las condiciones, los medios y los recursos.

En síntesis: los problemas de la educación superior no podrán resolverse sólo en el contexto del sistema educativo, pues en el proceso de planeación y realización de objetivos se requerirán apoyos de los diversos sectores del país. Pero toca a las propias instituciones de educación definir sus tareas y responsabilidades para proyectar su acción a nivel local, regional y nacional.

3. POLITICAS GENERALES DE LA EDUCACION SUPERIOR

No existe sistema alguno de educación que carezca de fines y objetivos, como tampoco puede hacerse planeación educativa sin ejercer determinadas políticas que genera el sistema del que se trata. Por ello, debe contarse con criterios suficientemente amplios que normen las acciones a emprender. En tal sentido, pueden proponerse, enunciativamente, las siguientes políticas generales de nuestro sistema de educación superior.

3.1 Para su estabilidad y autonomía:

3.1.1 Reforzar permanentemente la interacción del sistema de educación superior con la sociedad, para dar respuesta a las necesidades de ésta y orientar sus transformaciones y desarrollo.

3.1.2 Preservar la vigencia y ejercicio de los principios fundamentales de la educación superior, sobre todo los que se refieren a la autonomía universitaria, a las libertades de cátedra y de investigación, a la función crítica y a la democratización de la enseñanza.

3.1.3 Coordinar la cooperación con el Estado en la solución de problemas locales, regionales y nacionales, reafirmando los fines y naturaleza de las instituciones de educación superior, sin distorsionar sus principios.

3.1.4 Mantener contactos permanentes con los organismos y dependencias del sector público, para analizar, conjuntamente, las fuentes y modalidades del financiamiento público a la educación superior.

3.1.5 Promover el incremento del financiamiento público y su racionalización en la asignación de recursos, de acuerdo con los requerimientos actuales del sistema de educación superior y los que surjan durante su expansión y desarrollo.

3.1.6 Preservar la atribución de que cada institución elabore su presupuesto, a partir de los recursos que obtenga y los que se le asignen, autoevaluando sistemáticamente su funcionamiento y ejercicio y publicando los estados financieros que prueben el uso adecuado de los mismos.

3.1.7 Establecer, y preservar donde ya existen, las condiciones favorables para una legislación que garantice la atribución esencial de las instituciones que desempeñan la docencia, la investigación y la difusión de la cultura y, al mismo tiempo, proteja plenamente los derechos de su personal académico, administrativo y de servicios.

3.2 Para su expansión y desarrollo:

3.2.1 Diversificar la oferta educativa del sistema, en función de las necesidades del país y de los recursos disponibles.

3.2.2 Formar recursos humanos en y para las instituciones de educación superior, con el fin de contar con orientadores vocacionales, profesores, investigadores, administradores y planificadores, suficientes en número y calidad.

3.2.3 Delimitar los objetivos, los medios y el funcionamiento de los aspectos propedéuticos y terminal de la enseñanza media superior.

3.2.4 Establecer directrices nacionales de primer ingreso al sistema de educación superior, que sean congruentes con las características del sistema educativo en todos sus niveles. Asimismo, dichas directrices deberán formularse en función de las necesidades de la sociedad y la capacidad del sistema, tomando en cuenta el principio de competencia académica, los recursos disponibles y el compromiso de democratización de la enseñanza.

3.2.5 Ejercer acciones congruentes para vincular, en todos los niveles, la docencia con la investigación, el servicio y la difusión, otorgándoles igualdad de rango.

3.2.6 Expandir los estudios de posgrado y desarrollar actividades de alta calidad académica para aumentar nuestra capacidad científica y tecnológica.

3.2.7 Desconcentrar los servicios educativos del sistema, para favorecer una mejor distribución de oportunidades de educación superior a nivel regional.

3.2.8 Orientar y regular la creación, el crecimiento y la localización de centros educativos de nivel superior para racionalizar el desarrollo del sistema.

3.3 Para contribuir al incremento de la producción de bienes y ser vicios y reducir la dependencia tecnológica:

3.3.1 Adecuar las acciones de las instituciones de educación superior a la formación de profesionales con capacidad creativa, para que así contribuyan a la ampliación de la planta productiva, sin menoscabo de que las instituciones de enseñanza superior cumplan sus objetivos más amplios en el contexto social. Tal ampliación favorecerá el desarrollo económico y social en la medida que el incremento en la producción lleve aunada la expansión de la tecnología nacional.

3.3.2 Impulsar el estudio y aplicación de metodologías y sistemas de enseñanza con el fin de formar recursos humanos mejor calificados.

3.3.3 Fomentar la investigación que se oriente a la conservación de los recursos naturales, a la explotación racional de los mismos y a la preservación del equilibrio ecológico.

3.3.4 Promover la investigación aplicada para incrementar la producción de bienes y servicios que agreguen valor y generen fuentes de trabajo en los renglones estratégicos para el desarrollo, favoreciendo la extensión, integración y profundización del proceso de industrialización, el fortalecimiento del mercado interno y la ampliación del comercio exterior.

3.3.5 Estrechar los vínculos del sistema de educación superior con el sistema productivo, tanto público como privado, para acrecentar el beneficio social de la educación.

3.3.6 Equilibrar los contenidos de la educación y el uso de medios y procedimientos en la docencia y la investigación, a fin de garantizar que ningún aspecto dedicado a la formación integral del individuo sea desplazado en el intento de hacer de él una persona útil a la producción de bienes y servicios.

3.3.7 Propiciar el enlace de la ciencia y la tecnología con la producción, dentro y fuera de las instituciones, para que el país logre en el plazo más corto reducir al máximo su dependencia tecnológica.

3.4 Para su integración y planeación:

3.4.1 Fortalecer los principios de asociación y participación voluntaria, aceptados por las instituciones, para adoptar políticas, objetivos y acciones comunes que permitan la integración y la planeación operativa del sistema.

3.4.2 Promover la participación directa de las instituciones -respetando su autonomía- en la parte que les corresponde para desarrollar, paralelamente, la planeación del sistema en su conjunto. 3.4.3 Estimular el análisis de los problemas del sistema de educación superior, con el fin de detectar relaciones de afinidad o complementariedad, y establecer acuerdos interinstitucionales, regionales y nacionales.

3.4.4 Propiciar programas de apoyo a proyectos de planeación académica, administrativa y/o financiera de carácter institucional, interinstitucional y regional.

3.4.5 Apoyar programas que tiendan a introducir paulatinamente en la planeación de la educación superior el empleo de las técnicas vigentes de programación, con alcance institucional, interinstitucional y regional.

3.4.6 Desarrollar la infraestructura administrativa de las instituciones de educación superior, con el fin de que la función administrativa sea una coadyuvante en la integración y planeación del sistema.

3.5 Para su innovación y su vinculación con el cambio social:

3.5.1 Promover la innovación académica, como facultad inherente a la naturaleza de las instituciones de educación superior, y aceptar las innovaciones ya realizadas como esfuerzos que deben capitalizarse en beneficio del conjunto de las instituciones.

3.5.2 Propiciar el intercambio de información y experiencias del conjunto de instituciones y apoyar acuerdos entre ellas para que las de mayor desarrollo contribuyan a la innovación de otras que requieran su asistencia.

3.5.3 Promover la conformación de un sistema extraescolar de alcance nacional, para atender las necesidades formativas de personas que no pueden o no quieren incorporarse al sistema escolarizado, con base en las experiencias recogidas de la enseñanza abierta en el ámbito nacional e internacional.

3.5.4 Apoyar la coordinación y programación del servicio social para que éste deje de ser un mero requisito formal.

3.5.5 Ampliar y reforzar la difusión social de la cultura mediante acciones permanentes y programadas en función de las posibilidades institucionales, locales, regionales y nacionales con el objeto de extender los beneficios de la cultura a todos los sectores sociales, en especial a los grupos marginados.

3.5.6 Propiciar las acciones coordinadas con el fin de que la enseñanza abierta, el servicio social, la difusión cultural y otras modalidades de la extensión de la educación superior permitan pasar de la débil vinculación actual a una integración real de las instituciones educativas superiores con todos los sectores de la ciudad y el campo.

La conformación de un sistema de planeación permanente y el ejercicio de las políticas generales que preceden permitirán, por una parte, pasar de estados coyunturales y espontáneos -que son los que predominan actualmente- a situaciones previstas y racionalmente inducidas; por otra parte, garantizarán la permanencia, la estabilidad y el desarrollo institucional, en el marco de los intereses locales, regionales y nacionales.

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