Resumen

Este trabajo se centra en el análisis de las estadísticas del Padrón Nacional de Programas de Excelencia con el propósito de reconocer los efectos visibles

No soy experto en educación, pero sí tengo en mis alforjas muchos años dedicado a la enseñanza de las matemáticas, y he pensado en el asunto de la educación superior con insistencia. Si no les resulta incómodo, solicito que lo publiquen como lo redacté: como una misiva al autor.

Estimado Manuel:

Intentas explicar el fenómeno desde la perspectiva de un “error” en la planeación de la oferta educativa del sector público. La argumentación tiene lógica y la evidencia es fuerte –aunque puede, y debe, detallarse en un estudio más completo. Pero todo lo que dices también puede ser comprendido sin atribuir a un error de planeación lo sucedido, sino a su opuesto: un acierto, nada más que suponiendo, de parte de las autoridades, otra intencionalidad.
Supongamos que concibieron la oferta en las carreras tradicionales como un aspecto indeseable, no tanto en la lógica del desarrollo del país (parte discursiva), sino del alto costo que implicaría atenderla con calidad e innovación (asunto de dineros e ideas de país). Estudian el asunto y deciden, como dices, contener o disminuir la oferta en esos campos, a sabiendas que los que persistan en querer estudiarlos podrán ser atendidos por particulares que ya existían –y podían crecer– o estaban dispuestos a entrar a la arena: de este modo, el Estado, en efecto, es omiso en la oferta, pero con la intención de quitarse un peso –millones de pesos, más bien– de encima.
De ser así, coincidimos en que el principal impulsor de la expansión de los servicios privados resulta ser el Estado (o las diversas autoridades educativas) y, con afán crítico, tu distinción conceptual no viene del todo al caso: por omisión consciente del principal actor en el sistema, aunada a su poca exigencia en la dotación de los REVOE o reconocimientos e incorporaciones, el sistema de la educación superior mexicano ha sido objeto de un proceso de privatización, no por venta de entidades, sino por ausencia complaciente: para decirlo en términos coloquiales: “si estos muchachos quieren estudiar Derecho, pues que paguen por ello, al fin de cuentas que sí lo harán y damos facilidades, autorización plena, incluso, a quienes les cobren cuotas módicas aunque no garanticen la mínima calidad”.
Podría tratase, entonces, de una planeación exitosa con efectos esperados nítidos: ¿Te imaginas el costo, para el erario, de haber atendido a toda esa muchedumbre de “necios aspirantes a abogados, contadores o administradores de empresas”? Hubiese sido alto, y desde hace años los gobiernos tienen otras prioridades: los banqueros o los carreteros, por ejemplo; no la educación superior.
No se trata de insertar una variable del tipo “complot o maldad intrínseca”: es incluir en el análisis, para entender lo sucedido, un cambio en el sentido del gasto en educación, derivado de otra concepción del desarrollo nacional y del papel del Estado en la materia. ¿Para qué gastar y tomar el riesgo de recibir a la nueva matrícula, con sus sesgos históricos, pero innovando, si de eso se puede hacer cargo su Dios favorito, es decir, el mentado e infalible mercado? Lo que no se vale, a mi parecer, es que en el discurso digan que los orienta el desarrollo científico de la nación y esas cosas.
Piénsale por este lado, Manuel: puedo llevar algo de razón en estas líneas. Saludos.

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