La universidad brasileña en tiempos de Lula
Valdemar Sguissardi
Profesor Titular de la Universidade Federal de S. Carlos y Profesor Titular de la Universidade Metodista de Piracicaba
Correo e: vs@merconet.com.br

Traducción del portugués: Claudio Tavares

Ya han pasado dos años del inicio del gobierno del presidente Luiz Inácio da Silva Lula. Hoy se debate abiertamente un anteproyecto de Ley de Educación Superior para enviarlo al Congreso Nacional. Es momento oportuno para formularnos las siguientes preguntas: 1) ¿Qué ha cambiado durante este periodo en cuanto a las políticas públicas federales relativas a la universidad? 2) ¿Qué medidas legales y administrativas se han instrumentado que afecten directa o indirectamente al funcionamiento del “sistema” universitario? 3) ¿Qué se ha hecho para cambiar la orientación claramente privatizadora o casi mercantil de la educación superior que ha imperado en los años anteriores?
Las respuestas a estas preguntas, para ser consistentes, deben ser precedidas por las respuestas a algunas cuestiones previas relativas a aspectos de la administración pública federal que de alguna forma condicionan las políticas de educación en general, y de la educación superior en particular. Entre las mismas se cuentan: 1) ¿Qué es lo que caracteriza al gobierno de Lula desde el punto de vista de la conducción económica o el desarrollo? 2) ¿Qué puede verse como continuidad del gobierno anterior y qué puede verse como cambio? 3) ¿Es posible afirmar que se está fortaleciendo el sector público del Estado o, al contrario, se fortalece su sector privado o mercantil? 4) ¿Cómo se presenta la acción social del gobierno?
Según los analistas políticos de varias tendencias, al contrario de la expectativa general de que con Lula habría un significativo viraje hacia la izquierda, es decir hacia las políticas heterodoxas de la economía, o antiliberales en todos los campos de la administración pública, hoy que ya han pasado dos años de gobierno el cuadro que se presenta es el de una sorprendente continuidad en lo esencial de las políticas de los ocho años del gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso, especialmente en el campo de la macroeconomía, de los compromisos con el sector financiero y en las alianzas políticas con partidos de centro y de centro derecha, en una siempre afirmada búsqueda de gobernabilidad.
Ningún gobierno anterior fue tan fiel y puntual en sus pagos de intereses de la deuda pública (interna y externa), arriba del 60 % de PIB nacional, ni fue más cauteloso y condescendiente con las políticas del FMI en cuanto al índice de superávit primario, elevándolo de un 3.75 % a un 4.25 % del PIB; y en cuanto a las altas tasas de interés fijadas por el Banco Central (actualmente de un 17.75 % anual), que con el pretexto de combatir la inflación estancan a la economía (en el año 2003 el PIB se detuvo el crecimiento, y en 2004 no superó el crecimiento mundial promedio de 5.2 %), ni fue más contrario a una parte importante de sus aliados históricos, los funcionarios públicos, al impulsar la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, condenada cuando lo proponía su antecesor, ni hizo tantas concesiones doctrinarias e ideológicas en sus alianzas con los partidos dentro de un espectro que va del centro a la derecha, ya sea en la formación del gobierno o en el debate legislativo, así como en las elecciones estatales y municipales.
En una comparación con lo que está realizando el gobierno vecino de Argentina, el gobierno de Lula estaría dando continuidad a la política tradicional brasileña, que siempre representó el predominio de las élites, o del capital, sobre el trabajo (los principales bancos privados, nacionales y extranjeros, baten sucesivos récordes históricos de ganancias, por citar un ejemplo); el presidente Kirchner, al contrario, está haciendo en Argentina lo que se esperaba que Lula hiciese en Brasil, especialmente en cuanto a su enfrentamiento con el sistema político internacional.
El crecimiento del PIB en 2004, dentro de una coyuntura bastante favorable del comercio internacional, se debió básicamente al aumento excepcional de las exportaciones, especialmente las derivadas de la agroindustria, o las que beneficiaron a la industria de los productos con bajo valor agregado. La posición favorable en la balanza de pagos habría servido esencialmente para equilibrar las cuentas externas, es decir, para honrar los compromisos contraídos con el capital financiero internacional. El pago de las deudas públicas interna y externa (intereses nominales) en 2003, alcanzó la cifra de R$* 145 mil millones (aproximadamente US$ 52 mil millones o 9.3% del PIB), produciendo R$ 79 mil millones de déficit en las cuentas públicas, o un 5.1 % del PIB. En 2004 el pago de los intereses nominales alcanzó los R$ 128.3 mil millones, o 7.3% del PIB, produciendo un déficit del 2.7% del PIB.
Este cambio radical de las expectativas, que se presenta de una forma muy real, comenzó durante la campaña presidencial del 2002. Luego de tres derrotas sucesivas (1989, 1994 y 1998), en julio de ese año la dirección del Partido de los Trabajadores hizo público el documento conocido como Carta al Pueblo Brasileño (Carta ao Povo Brasileiro). Este documento, que contiene diez compromisos básicos del futuro gobierno de Lula, significa un rompimiento con el pensamiento tradicional del Partido de los Trabajadores e inaugura “una perspectiva más técnica sobre la conducción de la política económica con el objetivo de crear un ambiente seguro para las inversiones productivas”. En esta Carta no hubo espacio, por ejemplo, para las propuestas de alteración profunda de la estructura productiva del país (incluyendo la económica), para la adopción de los impuestos progresivos ni para la discriminación de la inversión pública sobre una base de criterios sociales (Rudá Ricci, “Lulismo: três discursos e um estilo”, Revista Espaço Acadêmico, n. 45, febrero de 2005).
En esta Carta se destacan algunos compromisos: 1) Plan de gobierno sustentado en la reducción de la vulnerabilidad externa, en las reformas estructurales (fiscal, agraria, de la seguridad social y del trabajo), en el combate al hambre, a la inseguridad pública y al déficit de vivienda; 2) Gobernabilidad a través de la coalición nacional, que implica un proceso exhaustivo de negociación, alianzas, pacto social y crecimiento con estabilidad; 3) Respeto a los contratos y obligaciones del país, no a la estafa en la deuda externa, y una política austera para el control de la deuda pública; 4) Seguridad para los inversionistas no especuladores; 5) Control de la inflación; 6) Equilibrio fiscal; 7) Superávit primario, con el objetivo de tener capacidad de honrar los compromisos, etcétera.
La búsqueda a cualquier precio de la estabilidad de los mercados y de la gobernabilidad parece haber contaminado a todas las acciones gubernamentales de estos primeros años del gobierno del presidente Lula. Esto hizo palidecer a las acciones en el campo social, que debieron constituir el lado más visible y “revolucionario” de un gobierno con la marca del Partido de los Trabajadores, partido que ya había dado ejemplos convincentes de ruptura con las tradicionales políticas públicas conservadoras en gobiernos municipales y estatales, como en la alcaldía de Porto Alegre a lo largo de 16 años, hecho reconocido a nivel mundial.
La inexistencia de programas y proyectos bien articulados o de una administración eficiente y, en especial, los magros recursos financieros destinados a los mismos –dada la utilización del superávit para el pago de la deuda pública– provocaron en la población un profundo descrédito sobre la posibilidad de cambios significativos con respecto al gobierno anterior en el campo de las políticas sociales, descrédito que sólo pudo acallarse gracias al crecimiento de la economía, de los índices de empleo y de la ayuda a los más necesitados a partir de mediados de 2004.
En el ámbito de las políticas públicas de corte social se destacan las acciones en el campo de la educación. Pese a la existencia de un Plan de Gobierno para la educación llamado Una Escuela del Tamaño del Brasil, ampliamente debatido durante la campaña electoral del 2002, éste sólo habría servido parcialmente como directriz de las acciones oficiales en esta área hasta el presente. Fue en el segundo año de gobierno, 2004, bajo el comando del nuevo titular del Ministerio de Educación –el ex alcalde de Porto Alegre Tarso Genro– que salieron a la luz una serie de medidas, especialmente legales.
El anteproyecto de Ley de Educación Superior, actualmente en debate –hecho impensable durante el gobierno anterior–, y que será enviado al Congreso Nacional en los próximos meses, tal vez llegue a constituirse, para bien (público) o para mal nacional (privatización y mercantilización) en el documento más importante de las últimas décadas sobre el presente y el futuro de la educación superior en el país. Entre tanto, este anteproyecto fue antecedido, durante el gobierno del presidente Lula, por cuatro leyes que directa o indirectamente ya configuraban en buena medida el nuevo estilo de la educación superior y que, en gran medida, definen los límites del eventual progreso en cuanto al fortalecimiento del polo público que podría representar este anteproyecto.
El año pasado se sancionaron cuatro leyes:
1) Ley 10861, del 14 de abril de 2004, que crea el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES). Con esta ley se pretendió superar los conocidos límites del Examen Nacional de Cursos (Examen único aplicado al final de los cursos de graduación, vulgarmente llamado “Provão” [la Pruebota]), por un sistema mucho más complejo de acciones de evaluación, entre las cuales se destacan dos pruebas realizadas por muestreo: una a la entrada y otra a la salida. A pesar de los grandes logros alcanzados en relación al modelo anterior, a menudo se acusa a este nuevo sistema de no respetar la autonomía universitaria y de ser excesivamente centralizador, principalmente en la constitución del Consejo Nacional de Evaluación de la Enseñanza Superior (CONAES), responsable de la creación de las principales normas y directrices del Sistema.
2) Ley 10937 (Ley de la Innovación Tecnológica), del 2 de diciembre de 2004, que reglamenta los incentivos a la innovación y a la investigación científica y tecnológica dentro del ambiente productivo. Esta ley, adaptada de la legislación vigente en países centrales, crea facilidades para que las empresas puedan utilizar recursos –físicos, materiales y humanos– de las universidades, así como la transferencia de tecnología de las universidades a las empresas. Hace posible la asignación de recursos públicos a las empresas para los llamados proyectos de innovación, prevé la remuneración de los investigadores cuyos conocimientos lleguen a ser utilizados por las empresas, garantiza al investigador que también desempeña una actividad docente el derecho a separarse de sus actividades académicas (por un periodo de hasta seis años) para intentar una carrera en el sector empresarial (convertirse en un “emprendedor”) manteniendo su salario, ventajas económicas, ascenso funcional y beneficios de seguridad social. Con el pretexto de la necesaria aproximación entre la universidad y la empresa esta ley distorsiona la verdadera función de la universidad en el campo científico y en el de la innovación, y crea todas las facilidades, dado el desamparo financiero en el que viven las universidades públicas y sus docentes e investigadores, para la subordinación de la agenda universitaria, es decir de la universidad, a la agenda empresarial. Por si esto fuera poco, se crea una directa y explicita la privatización de los recursos públicos cuando, entre otros casos, se financian a docentes por largos periodos de tiempo en sus intentos de convertirse en empresarios tecnológicos, sin riesgo para ellos y sin cargo para las empresas. ¿Y qué podemos decir de la libertad académica tan comprometida en todo cuanto atañe al conocimiento dentro de tal intercambio?
3) Ley 11097, del 30 de diciembre de 2004, que instituye las normas generales para la licitación de la Sociedad Público-Privada (PPP por sus siglas en Portugués, Parceria Público-Privada) en el ámbito de la administración pública. Permite la sociedad del Estado con empresas privadas en las más diversas áreas de la producción, comercio de bienes y servicios de naturaleza pública y colectiva, es decir, investigación, desarrollo tecnológico, medio ambiente, patrimonio histórico y cultural, y servicios de educación y enseñanza. Apenas se excluyen de la sociedad los poderes legislativos, reguladores y policiales. Permite y otorga recursos públicos para administrarlos. Lo que se pretende de la empresa privada, en cambio, además de la administración de los recursos públicos, no es otra cosa que el 30 % del valor de los esfuerzos emprendidos, y esto bajo fuertes salvaguardas oficiales. Los supuestos fundamentales de las PPP son la baja capacidad de inversión del Estado y la supuesta superioridad gerencial del sector privado. Así es como, con esta ley, sin hablar del ámbito más general del fortalecimiento del polo privado del Estado, en el caso de la educación superior vemos una puerta más que se abre totalmente para la utilización de los recursos públicos por las entidades privadas, con o sin fines de lucro.
4) Ley 11096, del 13 de enero de 2005, que instituye el Programa Universidad para Todos (PROUNI), reglamenta la actuación de entidades de beneficencia y de asistencia social en la educación superior. Este pretencioso programa encubre una de las más perversas medidas que, pretendiendo hacer público lo privado, acaban fortaleciendo a las instituciones privadas y comerciales de enseñanza. Constituida como la primera aplicación del espíritu de las PPP en el campo de la educación superior, en vez de crear cientos de miles de espacios para los estudiantes en las universidades públicas, para los que ya existe el espacio en el horario nocturno (70 % de las matrículas son diurnas) a bajo costo y calidad razonables, se aprobó la posibilidad del intercambio de aproximadamente el 8 % del cupo ociosos en las instituciones privadas, en la forma de becas otorgadas a alumnos egresados de las escuelas públicas, entre otros, por la exención de un conjunto de impuestos. La propuesta oficial era, en su comienzo, de un 20 % del cupo por igual cantidad de impuestos, lo que hacía que estos espacios fuesen menos onerosos que los de las universidades federales, aunque de esta operación quien saldría fortalecido sería el sector privado que más ha crecido en los últimos años, es decir, el sector con fines de lucro. La ley, finalmente sancionada por el presidente Lula, luego de la intervención de los integrantes del lobby de la educación particular y comercial durante su trámite en el Congreso, transformó esos espacios en instituciones privadas –que otorgan prioridad a las actividades educativas con baja calidad– mucho más caras de lo que costarían en las universidades públicas que dan prioridad a las actividades educativas y de investigación y, sin lugar a dudas, de mayor calidad.
Por último, vale la pena destacar que el total de los recursos financieros destinados a las instituciones federales, reducido de 0.91 % a 0.6 % del PIB en los últimos ocho años, se mantuvo prácticamente sin cambios en los dos primeros años del gobierno del presidente Lula, pero con promesas de un reajuste significativo en el presupuesto del año 2005.
Este espectro legal y administrativo que parece dar continuidad a las políticas de la ortodoxia neoliberal de fortalecimiento del polo privado del Estado, ya sea en el campo de la producción, de la ciencia, de la tecnología o en el de la educación superior, no permite prever con optimismo la aprobación de una Ley de Educación Superior que fortalezca al sector público y promueva una efectiva regulación del sector privado comercial, según vemos insistentemente manifestado en el discurso de las autoridades federales y delineado, de un modo aún bastante imperfecto, en los cien artículos del Anteproyecto de Ley que actualmente está en debate. En el discurso, el diagnóstico contra el neoliberalismo adquiere formas muchas veces convincentes; en la práctica, el pronóstico y las soluciones propuestas guardan, infelizmente, una decepcionante proximidad con el recetario Consenso de Washington, aún no totalmente muerto, o con las recomendaciones de organismos financieros multilaterales.

* R$= Real, moneda oficial de Brasil. «volver«

Mirador
Análisis de los servicios desde la perspectiva de lo público en la Universidad Nacional de San Luis
Ana Irene Medina, Mirta Carrasco y Carlos F. Mazzola
Profesora de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina
Correo e: aim@unsl.edu.ar

Introducción

A través de los años el vínculo Universidad-Comunidad se ha fortalecido y como prueba de ello basta observar el ingreso al ámbito académico de convenios, contratos, prestación de servicios, asesoramientos, becas, pasantías. Se ha empezado a hablar de las relaciones del medio académico con la industria, de las relaciones de la universidad con el sector productivo, y también con el mercado, en una multiplicidad de prestaciones, algunas de las cuales tienen poco o nada que ver con la concepción tradicional de la investigación académica (Vessuri, 1997: 46). La relación de la universidad con el medio, se puede entender de diversas formas, sin embargo existe una dicotomía que interesa resaltar: la dimensión de interés público y la de interés particular. La universidad es una institución pública, no obstante, legítima e ilegítimamente se asientan intereses particulares.
El vínculo con la comunidad puede estar orientado para ahondar intereses particulares o bien públicos. Las actividades de servicio se entienden conceptualmente como la relación entre la Universidad-Comunidad basadas en el interés particular. Mientras que, las actividades de extensión son conceptualmente aquellas que se basan en el interés público que relaciona a la universidad con el medio.
La dimensión pública se puede entender como “el poder visible opuesto a lo secreto”, “lo común a todos”, lo que representa “el interés universalista en oposición al interés particularista”, pero en realidad sería un concepto más complejo que incluiría a “los contenidos institucionales de la Universidad en su gestión autónoma”. Por el contrario, la dimensión privada responde al interés particular o privado, la cual está netamente limitada por los intereses del mercado (Iazzeta, 2001: 45).
Es necesario, esclarecer los conceptos de servicio y extensión, utilizados asiduamente, debido a que en varias oportunidades se entienden como sinónimos y en otras se distinguen desde el criterio de lo económico y lo cultural, reservando para el primero el concepto de servicio y para el segundo el de extensión.
Al considerar el interés público y el particular, se puede superar la distinción entre servicio y extensión antes expresada resaltada por una diferencia más criteriosa: denominar a una misma actividad (por ej. el dictado de un curso de capacitación) como una tarea de servicio o de extensión bajo determinadas circunstancias. Esta distinción no solamente es útil para poder calificar apropiadamente estas tareas, sino además que la misma es pertinente para analizar los estilos de gestión.
A partir del planteo legítimo entre miembros del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de contar con información concreta sobre aspectos básicos relativos a las tareas de servicios, dado que desde la percepción inmediata sobre el estado de situación, no aparecían elementos que pudieran evaluar la existencia de un servicio o la justificación de su desaparición, como así también la articulación de los mismos, el estado de funcionamiento, los aspectos edilicios, de higiene, seguridad, administrativos, etcétera, se pone en marcha la realización de un estudio diagnóstico. Se rescata de este estudio su valor como instrumento para poder redefinir políticas institucionales que orienten y pongan racionalidad a las actividades del servicio.
Con el fin de relevar la información requerida, se inició la búsqueda de las ordenanzas y resoluciones vigentes que regulan la actividad del servicio, tanto en el Comité de Extensión como en la Fundación de la UNSL. Además, se usaron los datos resultantes de una encuesta 1 realizada (en el marco del informe diagnóstico) a los directores de los servicios que se brindan en la Facultad de la UNSL.
El presente trabajo toma como base el estudio diagnóstico realizado en la unidad académica de la FQByF de la UNSL. Su objetivo es profundizar el análisis sobre algunos aspectos que aparecen en el estudio mencionado, tales como las implicancias de gestión que se ponen de manifiesto en la tensión entre el manejo de la dimensión pública con la dimensión privada.

Desarrollo

Actualmente la estructura de los servicios que operan en la FQByF poseen una complejidad que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La misma se presenta en la Figura 1.
Los Institutos creados en el año 1981fueron la primera organización de servicios. Posteriormente aparecen los Laboratorios (1989) y finalmente en el año 1996 el Programa de Vinculación y Transformación Tecnológica.
La estructura manifiesta una cierta racionalidad en virtud de la diferenciación de funciones, pero en la práctica se encuentra con diversos problemas de superposición de control de gestión e incluso en algunos casos la ausencia misma de funcionamiento.
Dentro de los Institutos existen sólo tres unidades, las cuales se dedican principalmente a la investigación y secundariamente al servicio. Las justificaciones de su creación fueron: a) están previstas en el Estatuto; b) ampliar la función de investigación y de servicios en la Universidad; c) la conveniencia de promover el volumen de los trabajos, la disponibilidad y ampliación de los recursos humanos.

Figura 1
Estructura organizacional de los servicios que se brindan en la FQByF

* Un laboratorio compartido con la Fac. FM y CN
** El total indica el Nº de servicios y laboratorios publicados en la red, en el año 2001 sólo10 ratificaron la oferta.

A diferencia del resto de los servicios, éstos están financiados por partidas de la SUBCyT (Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología), y por partidas que provienen desde la unidad académica, o por retribución del servicio.
Los Laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis de Investigación y Servicios llamados LUNSIS, son cuatro en total. Poseen un complejo sistema interno de organización y fueron creados desde el Consejo Superior. Entre los objetivos más relevantes para los cuales fueron creados figuran los siguientes: a) generar sistemas de colaboración para el desarrollo de metodologías y técnicas de interés común entre distintas líneas de investigación de la universidad; b) contar con grupos de investigación de envergadura y calidad adecuada tanto para el uso de la tecnología a incorporar como para brindar asesoramiento a otros usuarios y Formar recursos humanos; c) concentrar equipos que permitan desarrollar en la Universidad investigación con tecnología de avanzada, disponible al menos en un 30% a todos los interesados para evitar la duplicación de inversiones y la diversificación de recursos para gastos de funcionamiento y mantenimiento.
Los LUNSIS dependerán de la Facultad y las funciones de administración serán delegadas a una o más Áreas vinculadas al mismo. Tendrán un Director designado por el Consejo Superior, a propuesta del Consejo Asesor de Investigaciones (CAI). Cada LUNSIS realizará un informe anual de actividades a los fines de control de gestión.
Finalmente el Programa de Vinculación y Transformación Tecnológica, intenta integrar todos los servicios que prestan las distintas áreas de la FQByF de la UNSL y concretar políticas de apertura y vinculación con la sociedad. Las acciones del programa son las siguientes: convenios entre instituciones, empresas o terceros con la Facultad y asesorías técnicas que comprendan desde consultas, ensayos analíticos simples hasta complejas técnicas.
Constituyen este programa toda área y/o asignaturas que manifiesten su intención y capacidad de prestar servicios. Deberán conformar un Directorio formado por un titular y suplente de cada área y será coordinado por un Coordinador que elevará un informe semestral al Consejo Directivo. Por esta razón, dentro de este programa se formaron 25 áreas/servicios, cuya vinculación al programa con terceros quedó regulada en primera instancia por la Ordenanza CS 15/92 y posteriormente por la Ordenanza CS 28/97 que modificó a la anterior. Mediante esta última se norman las modalidades de prestación de servicios en conjunción con la Fundación de la Universidad Nacional de San Luis (FUNSL).
A los efectos de poder articular y reglamentar bajo una misma normativa esta diversidad estructural es que el Consejo Superior elabora la Ordenanza Nº 28 (en vigencia) con los fines de homogeneizar todos los servicios que se brindan en el ámbito de toda la universidad. Es de interés resaltar en esta ordenanza algunos puntos en virtud de su importancia y el contraste que se observan con la práctica y ejecución de la misma.

1. En el Artículo Nº 5 se ordena “....que las unidades académicas deberán instrumentar la instancia que consideren pertinente a los efectos de realizar un estricto control sobre la conformación de los grupos de trabajo, incumbencias y tipo de servicio que estarán autorizados a realizar”.
2. Artículo Nº 6.- “Los grupos de trabajos que se constituyan deberán contar con la aprobación de la autoridad respectiva, quien a su vez designará al responsable y subresponsable del mismo...”
3. Artículo Nº 12 “... las unidades ejecutoras deberán elevar cuatrimestralmente a las Autoridades de la(s) Unidade(s) Académica(s) correspondiente, un informe sobre los trabajos realizados y en curso...”
4. Artículo Nº 15.- “Sobre el costo total, excluido equipamiento, se aplicará un recargo correspondiente al Margen del Beneficio Universitario que corresponderá al valor de la utilización de la capacidad universitaria por parte del usuario externo. Este margen no podrá ser inferior al 20% y dependerá del grado de consolidación o envergadura de la institución en esa área y será establecida por el Decano sobre la base de una propuesta del responsable de la unidad ejecutora...”

Confrontando la información recogida a partir del análisis de las normativas, se observa que:

• El ámbito de la Secretaría de Posgrado y Extensión, Comité de Extensión y del Consejo Directivo de la Facultad no cuenta con los informes anuales de los Institutos, por lo que se desconoce el desarrollo de los servicios desde el año 1982 hasta hoy (20 años). Dichos informes tampoco fueron solicitados oportunamente por el Consejo Directivo. Aunque elevan un informe a la CAI el Consejo Directivo (CD) desconoce dicho informe.
• Los LUNSIS, no presentan informes anuales por lo que no se puede inferir sobre los beneficios de su implementación para la institución. Se desconoce la frecuencia de dichos servicios como así también el arancelamiento de los mismos.
• Los servicios que presta la Facultad bajo el Programa de Vinculación y Transformación Tecnológica, tampoco cumplen con las normativas vigentes. Solamente existen dos servicios de tipo estructurados que elevan informes periódicos e incluso han sido auditados y cumplen con los requisitos recomendados para su funcionamiento.

Los datos cuantitativos que resultan del procesamiento de las encuestas, en el campo de lo administrativo (Figura 2) y económico (Figura 3), son:

• Respecto a la frecuencia del servicio brindado por las áreas, sólo el 37.5% realiza servicios en forma mensual y el resto lo hace con una periodicidad menor.
• Respecto a si poseen protocolos operacionales estandarizados (POE), el 62.5% afirma NO poseer tales protocolos.
• En relación con el artículo Nº 12 de la Ordenanza Nº 28/97 del C.S, sólo el 12.5% eleva el informe a la Unidad Académica correspondiente.
• Entre el 68.75 y el 81.25% de los encuestados llevan los registros del número de servicios, datos del solicitante, costos y nombre del personal que lo realiza. El 31.25% registra los insumos que utiliza en cada uno de los servicios realizados. El 18.75% registra los problemas que se desprenden de la ejecución de los mismos.
• El 87.5% declara no tener control periódico desde los órganos de gobierno pertenecientes a la institución.
• Teniendo en cuenta el artículo Nº15 de la Ordenanza 28/97, los recursos económicos utilizados para los gastos que ocasiona la prestación del servicio es devengado del Margen del Beneficio Universitario (20%) que vuelve a la unidad ejecutora, ya que el 60% afirma utilizar los recursos que provienen de la Facultad que ingresan por el servicio prestado.
• Sólo un 6.67% utiliza recursos de Agencias o Entidades extra-universitarias.
• El 50% de los encuestados realiza un presupuesto considerando todos los costos, incluyendo los gastos proporcionales de amortización de equipo, energía, gas, etcétera.
• Sólo el 33.33% lleva los registros en forma organizada de los presupuestos realizados para cada servicio prestado.

Conclusiones

Se pueden realizar dos niveles de análisis: uno que se refiere estrictamente a los datos recogidos y otro posterior que apunta a comprender por qué se producen estos resultados.

Figura 2
Aspecto administrativo. Porcentajes de los servicios
que cumplen con los requisitos administrativos

Figura 3
Aspecto económico. Proporciones de los servicios
que realizan presupuestos completos y los registros de esos presupuestos

En un primer nivel de análisis se puede señalar:

• El desconocimiento de la gestión respecto a los servicios se refleja en la no existencia de un seguimiento de la calidad de los mismos.
• Insuficiente información sobre los costos y beneficios, la frecuencia y así como también sobre los profesionales implicados en el servicio.
• No se elevan los informes correspondientes, tal como se estipula en las ordenanzas.
• Inadecuados registros de las unidades que brindan los servicios.
• Ausencia de control que implica ausencia de una evaluación y, por ello, también la imposibilidad de ratificar o rectificar rumbos.
• La imposibilidad de realizar un análisis para verificar la coherencia entre la justificación de la creación de los servicios y las acciones realizadas.
• La falta de Protocolos Estandarizados Operacionales (POE) no garantiza la calidad de los servicios.

Las conclusiones hasta aquí arribadas, describen un panorama que dista de lo que la propia institución se ha propuesto y ha plasmado en sus marcos normativos, por ello, tratar de comprender el significado de estas acciones es una de las metas que la institución debería alcanzar adoptando políticas correctivas.
Estos resultados no se visualizan en las tareas de docencia e investigación, dado que el nivel de control o evaluación por parte de la gestión y de los docentes no manifiestan el mismo grado de incumplimiento que en los servicios.
Tal como se señala en el comienzo del trabajo, la distinción de lo público con lo privado, al igual que lo que se entiende por servicio y extensión son categorías que permiten reflexionar sobre el por qué suceden estas situaciones. Por lo tanto en un segundo nivel de análisis se pueden revisar estos conceptos.
La gestión administrativa es un instrumento utilizado para el cumplimiento de los objetivos de la institución. En la formación del Estado moderno se separan los poseedores de los bienes materiales de la administración de los mismos, esta lógica también se reproduce en las universidades, que si bien no son instituciones surgidas en la modernidad alcanzan allí un gran impulso y son receptivas del cambio que se produce en el contexto, es así que se observa un desprendimiento entre los responsables de la vida académica con la administración de la enseñanza (Weber, 1976).
En los servicios sería muy positivo poder separar claramente, por un lado, los bienes materiales y, por otro, los administradores de los mismos, dado que ello echaría la misma luz que la razón desplegó en la modernidad:

... con el advenimiento de la democracia como un poder “visible” se instala la visión de lo “público” como opuesto a “secreto”. La importancia concedida a la “publicidad” de los actos de gobierno está directamente asociada a la expectativa luminista de reducir el margen de discrecionalidad en sus decisiones. “¡Qué funcionario público puede declarar que usará el dinero público para intereses privados!” exclama Bobbio (1994) recordando el razonamiento Kantiano” (Iazzeta, 2001: 46-47).

La falta de informes, de registros, de asientos contables, pero sobre todo la ausencia de un control sobre los servicios, crea las condiciones no sólo para que se diluya la separación entre lo público con lo privado por parte de quienes realizan servicios, sino que deja abierta la puerta para que se interprete dicha inacción como un favor o regalo que hay que retribuir con alguna forma de apoyo 1 . Se da lugar así a un estilo no universalista de relaciones (Universidad-Comunidad) sino más bien particularista:

Cuando el gobierno nacional administra la política universitaria adoptando un régimen de gratificaciones y recompensas fundado en consideraciones particularistas (respaldo a las universidades “amigas” y castigos a las universidades “adversarias”) está eludiendo un componente insoslayable de lo público que se asocia a la idea del interés universal. La politización del Estado –confundiendo a éste con el gobierno de turno– erosiona su dimensión pública del mismo modo que ocurre en las universidades cuando sus autoridades no privilegian intercambios universalistas (Iazzeta, 2001: 49).

La dimensión pública del Estado también se debilita cuando sus instituciones se “politizan” y se tornan arena de disputas de grupos privados, renunciando a la tarea de arbitrar, atendiendo a los intereses de todos los sectores de la sociedad. La “politización del Estado” –confundiendo a éste con el partido gobernante– lo aparta de su función de garante del interés general, “capturándolo” en beneficio de intereses particulares.
Refiriéndose a la calidad de las democracias, plantea Iazzeta (2001), al imprescindible control e independencia de los poderes:

...el avasallamiento de la Justicia y de los órganos de control, la ausencia de equilibrio de poderes y el abuso de recursos de excepción por parte del Ejecutivo, representan “transgresiones” que expresan un deterioro de la institucionalidad democrática. Dicho deterioro asume una doble modalidad: representa una transgresión cuando una agencia estatal invade ilegalmente la autoridad de otra; en cambio, adquiere el carácter de corrupción cuando un funcionario público obtiene ventajas ilícitas para sí mismo y/o sus asociados (O’Donell, 1998 en: Iazzeta, 2001: 53).

La lógica de los canjes no son novedad en el sistema educativo, la cual se profundiza en la década del noventa, cuando desde los organismos internacionales se ofrecen créditos para las universidades a cambio de instituir los mecanismos de evaluación y acreditaciones. No sería de extrañar que esta misma lógica fuera también reproducida por los agentes responsables de gestión al interior de las propias universidades.
El clientelismo es una práctica hasta ahora descripta en la esfera política partidaria, cuya lógica esencial de conformación es precisamente un intercambio de un puesto de trabajo, dinero, etcétera, por un voto. El uso de un lenguaje y prácticas rodeadas de eufemismos es una de las características más importantes de los campos culturales y simbólicos (Bourdieu, 1997). En ellos se explícita sólo interés por el desinterés, en donde el “como si...” cumple un rol fundamental en la regulación de las prácticas. Por ello en la institución universitaria si se dieran estas prácticas clientelísticas o de toma y daca, la no explicitación es un hecho fundamental.
La gestión hace como si controlara, pero no controla, hace como si le preocupara el tema, pero no le preocupa; es capaz de plantear reformas como si fuera a modificar la situación, pero no modifica nada. Por su parte, los agentes hacen como si sirvieran al interés general, pero en realidad trabajan para el interés personal, asumen como si fuera natural la ausencia de control, cuando en realidad es muy extraña.
En este contexto, queda claro que la posibilidad de realizar servicios con el espíritu de extensión, está muy lejos porque ello significaría un compromiso con la comunidad, y no con uno mismo, en donde los docentes, la institución y la comunidad integrada en una comunidad de valores se torna en fuente de cohesión e identidad.
Es fácil caer también en el error de suponer que tales integraciones sólo son posible a costa de sacrificar la producción de nuevos conocimientos. Sin embargo, esta misma cohesión es la que ordena y da sentido a la investigación, tanto básica como aplicada, en tanto que le indica qué problemas son relevantes, qué aspectos deben profundizarse, y por cierto, luego transferirse. Crear, transferir y reproducir conocimientos son funciones que se separan y consolidan en estructuras y organizaciones concretas, dado que evidentemente la complejidad torna inevitable que así sea. No obstante hay puntos de convergencias que recuerdan el para qué o por qué se está en tal dirección. Tal como fundamentó detalladamente Durkheim (1995) cuando señala que la articulación entre división e integración son las claves para desarrollar una sociedad. Es con base a este principio que Burton Clark (1983) plantea sus clásicos textos en educación superior, para quien las disciplinas tienden a la divergencia, las creencias a la convergencia y ambas encuentran su punto de asentamiento en la institución.
Por todo ello, es que extensión y servicio, como interés particular y público, equidad y calidad, igualdad y eficiencia, democracia y meritocracia, etcétera, no deben concebirse como antagonismos irresolubles, sino por el contrario, deben constituir los dos ejes sobre los cuales la tarea de gestión debe hallar los mecanismos y estrategias para el logro de su integración.

Referencias

Bobbio, N. (1994). El futuro de la democracia, Barcelona, Planeta/Agostini.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas, Madrid, Ed. Anagrama.
Clark, Burton R. (1983). El sistema de educación superior, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Nueva Imagen, Editorial Patria.
Carrasco, M., et al. (2003). Informe del estudio diagnóstico sobre los servicios de la Fac. de Qca. Bioqca. y Fcia. (Resol. CD FQByF Nº 173/02).
Durkheim, E. (1995). La división del trabajo social, Madrid, Editorial Universitaria Akal.
Iazzeta, O. (2001). “La recreación de la dimensión pública en la universidad”, Pensamiento Universitario, Año 9, Nº 9, Buenos Aires, Editorial Universidad Nacional de Quilmes.
O’Donnell, G.(1998). “Accountability horizontal”, Agora Nº 8, Buenos Aires.
Vessuri, H. (1997). “La academia va al mercado”, Pensamiento Universitario, Año 5, N0 6, Buenos Aires, Editorial Universidad Nacional de Quilmes.
Weber, M. (1976). Política y ciencia, Buenos Aires, Ed. La Plébada.

1 Los servicios que están anunciados por la Fundación suman un total de 25, de los cuales confirmaron estar en funcionamiento solamente 18. Se diseñó una encuesta cerrada, contemplando varios aspectos, de los que se destacan en este trabajo los administrativos y económicos. Se tomaron 16 casos de 18 y se utilizaron las proporciones estimadas adjudicándole una categoría en cada caso, óptimo, adecuado o inadecuado. «volver«

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