LAS PROFESIONES Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA
ELIA MARÚM ESPINOSA*
* Universidad de Guadalajara.
Contenido del Artículo:
INTRODUCCIÓN
LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
ORÍGENES Y OBJETIVOS DEL NAFTA
LA IMPORTANCIA PARA MÉXICO DEL NAFTA CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
ACCESO AL MERCADO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AMÉRICA DEL NORTE
EL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN MERCOSUR. LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN CENTROAMÉRICA
INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR
BIBLIOGRAFÍA
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ACCESO AL MERCADO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AMÉRICA DEL NORTE
Para la educación y en especial para la educación superior, el NAFTA representa retos importantes en cuanto a la concepción, funcionamiento y desarrollo de las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que la mayor liberación comercial y la competencia por lograr una participación creciente en el flujo comercial del bloque de América del Norte, obliga a acelerar la modernización de la educación superior mexicana y replantear la forma en que se puede ejercer una profesión en este mercado de trabajo. En Estados Unidos y Canadá, como en algunos países europeos, por ejemplo, la acreditación es un proceso obligatorio que significa la constatación por parte de la sociedad que pueden tener confianza en el profesional acreditado (o certificado), o en otro nivel, la institución de educación superior y en el plan de estudios que lo formó, porque cumple con los indicadores de calidad que se han establecido; tanto la institución como el profesional debe someterse a verificación cada tres, cinco o diez años, según sea el caso (Departmen of Education, 1993).
En México, la acreditación de instituciones todavía no se formaliza (la realizan algunas IES privadas que recurren a agencias norteamericanas); no existen agencias o instancias acreditadoras de instituciones, aunque haya algunos avances en la evaluación que hacen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES o Comités de Pares), Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) y el trabajo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en especial la creación del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), y el acuerdo de su XXVI Asamblea General Ordinaria por impulsar una política de acreditación de la educación superior, así como la política de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES) que busca impulsar procesos de acreditación institucional.
En la actualidad, algunas instituciones mexicanas de educación superior privadas han buscado ser acreditadas por agencias norteamericanas, en especial la Southern Association of Colleges and Schools (SACS), ya que esta acreditación facilita a sus estudiantes mayor movilidad y acceso al mercado norteamericano de educación superior, así como una ventaja para competir por los clientes del mercado de educación superior privada; sin embargo aún no se ve en toda su dimensión, la potencialidad y las ventajas que tiene la acreditación para impulsar y mejorar la calidad de la educación superior.
En México, la Ley General de Profesiones, reglamentaria del artículo 5º Constitucional, exige el registro y la obtención de una cédula profesional sólo para el ejercicio de 20 profesiones que son las controladas. En Estados Unidos y Canadá la acreditación de títulos y grados requiere la presentación de exámenes de acreditación para obtener la licencia para el ejercicio profesional una vez que ya se obtuvo el título. Estos exámenes los realizan las asociaciones y colegios de profesionales que forman colegios de acreditación o certificación, y representan a la sociedad civil, por lo que el gobierno no interviene en dicho proceso. En Estados Unidos, a diferencia de México, el gobierno no expide ni certifica títulos o grados, este es un proceso donde una sociedad civil, con amplia representación y espacios de acción, constata y da fe pública de la calidad y confiabilidad de un profesional o posgraduado. Esta situación es diferente en México, donde, como país no desarrollado, la sociedad civil tiene espacios limitados, no tiene una amplia representación y el gobierno tiene un papel relevante en los procesos económicos.
Es por ello que resulta difícil pensar en copiar o trasladar mecánicamente los esquemas de acreditación norteamericanos al caso mexicano, pero el NAFTA impone una equiparación para poder comerciar servicios profesionales.
En nuestro país, hasta la fecha sólo existe un proceso administrativo de registro de título y expedición de cédula profesional y de grado por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ante las Direcciones de Profesiones de los gobiernos estatales que así lo requieren, concluyendo el trámite con la expedición inmediata de una cédula que permite el ejercicio profesional o de posgrado, la cual es vitalicia. No existe, por lo tanto, un sistema de acreditación de títulos y grados basado en la constatación por quienes ejercen la profesión, organizados en colegio o agrupaciones acreditadas, para examinar y verificar la capacidad y actualización del profesional o del posgraduado.
Esto pone en desventaja a México, ya que resultaría más fácil para los norteamericanos o canadienses prestar sus servicios en México, pues sólo tienen que hacer un trámite administrativo, que para los mexicanos prestar sus servicios en los otros países donde tienen que someterse a procesos de acreditación o certificación. Es por ello que desde 1994 y hasta la fecha se han venido haciendo esfuerzos por lograr establecer reglas para el reconocimiento trilateral de títulos y grados entre algunos colegios de profesionales, los que se han reunido en varias ocasiones para definir la forma en que se acreditarán éstos títulos y cómo será el mecanismo para expedir las licencias temporales para la prestación de servicios profesionales fuera del país, pero aún no se concluye el proceso y no se ha podido realizar la liberalización del mercado de las 60 profesiones negociadas en el capítulo 16 del NAFTA. La secretaría del gobierno mexicano responsable de realizar y promover acciones para que avancen los esquemas de liberalización del comercio de servicios profesionales informa que para la prestación transfronteriza de los Servicios Profesionales, el Capítulo XII, anexo 1210.5 (sección A) del tratado, establece el compromisos de los países miembros de estimular a los organismos pertinentes, en sus respectivos territorios, para que desarrollen normas y criterios mutuamente aceptables para la acreditación y certificación de los prestadores de servicios profesionales. Una vez alcanzado un acuerdo, los organismos tripartitos hacen sus recomendaciones a la comisión de Libre Comercio para obtener el mutuo reconocimiento de licencias y certificados. Hasta ahora, señala el documento (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1996), los profesionistas mexicanos han constituido 12 Comités para la Práctica Internacional de las Profesiones: Ingeniería, Arquitectura, Actuaría, Agronomía, Contaduría, Derecho, Medicina, Veterinaria, Odontología, Enfermería, Farmacia y Psicología, los cuales han establecido contactos con sus contrapartes en EE.UU y Canadá. Actualmente , los comités de Ingeniería y Arquitectura son los más avanzados, aunque sus procesos de negociación aún no han concluido.
Para la Entrada Temporal de Personas de Negocios, señala el documento mencionado que el Capítulo XVI del NAFTA ofrece un esquema de facilitación de ingreso de Personas de Negocios, sin renunciar al derecho en materia migratoria en los tres países, bajo las siguientes modalidades: Visitantes de Negocios, Comerciantes e Inversionistas, Transferencia de Personal dentro de una Empresa y Profesionales.
Puede concluirse entonces, que a casi un lustro de signado y entrado en vigor el NAFTA, aún no se tiene plenamente liberalizado el comercio de servicios profesionales, aunque se ha avanzado en los mecanismos para la acreditación y certificación como reconocimiento trilateral de títulos y licencias.
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